En 2002, Laura Hernández conoció la cara más dura de la justicia lejos de su país. La comunicadora puertorriqueña fue arrestada en República Dominicana junto a su entonces esposo, Marcos Irizarry, acusada de narcotráfico. Hoy, 23 años después, rememora aquel proceso que la marcaría para siempre y que describe como “atropellante”.
El 8 de septiembre de aquel año, ambos desayunaban en Higüey cuando agentes armados los detuvieron y los llevaron a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Las autoridades incautaron 70.4 kilos de cocaína y afirmaron que parte de la droga fue hallada en una lancha. Hernández insiste en que aquella versión fue falsa: “Me colocaron en una lancha en la que yo nunca estuve. Tengo los pasajes de avión. Yo ni llegué en lancha ni me iba en lancha”.
Su experiencia la expuso a un sistema judicial muy distinto al que conocía. En ese entonces, la justicia dominicana aún operaba bajo un modelo inquisitivo, en el que el juez investigaba y juzgaba. “Era como estar en un juego donde las reglas cambiaban. Estaba encerrada en un país extraño con leyes desconocidas”, contó en entrevista para la cuarta temporada de Las Caras del Crimen de El Nuevo Día.
Durante nueve días permaneció incomunicada. En prisión, debía pagar por todo: cama, agua, comida y artículos de higiene. “Uno piensa que va a llamar un abogado, pero no sabes ni por dónde empezar. Era un sistema donde eres culpable hasta que pruebas lo contrario”, resumió.
En 2003, el tribunal la condenó a siete años de cárcel por complicidad en tráfico internacional de drogas. Su abogado, Freddie Castillo, explicó que el país atravesaba una transición judicial con la aprobación del nuevo Código Procesal Penal. Denunció además presiones políticas y mediáticas que influían en los jueces. “Mientras más conocida es la persona, más ojeriza se le tiene. Si el juez la favorece, temen parecer parciales”, indicó.
Hernández recordó que cada audiencia era “un espectáculo”, lleno de inconsistencias en la evidencia: actas con horarios distintos y un bulto con drogas que no coincidía con la incautación inicial. En 2005, el Tribunal de Apelaciones redujo su sentencia a tres años. Antes de su liberación, tuvo que leer una carta de arrepentimiento para obtener la libertad anticipada.
Tres años después, en 2008, la historia dio un giro: el teniente coronel Jorge Luis Peña Segura, principal testigo de la fiscalía en su caso, fue arrestado por tráfico de drogas, tras ser sorprendido esperando un cargamento de 95 kilos de cocaína.
Pese a todo, Hernández dice no guardar rencor al pueblo dominicano. “Mi molestia fue con el sistema, no con los dominicanos. Muchos me ayudaron, me llevaban comida y apoyaban a mi mamá”, expresó. Años más tarde regresó en un crucero y, desde el barco, pudo ver la cárcel donde estuvo recluida. “Ver todo eso desde el otro lado fue sanador”, confesó.
Hoy, asegura que su mayor triunfo no fue salir de prisión, sino aprender a vivir en libertad. Su historia, afirma, ya no es de dolor, sino de resiliencia y aprendizaje.
