Un grupo bipartidista de congresistas en Washington presentó una legislación que permitiría pagar a los controladores aéreos durante futuros cierres del gobierno federal. La iniciativa surge tras las interrupciones de vuelos provocadas por el cierre récord que finalizó la semana pasada, y busca evitar que el sistema de aviación vuelva a sufrir ese impacto.
El proyecto propone recurrir a un fondo poco usado de 2,600 millones de dólares, originalmente creado para compensar a las aerolíneas en caso de que el gobierno requisara sus aviones. Este dinero serviría para cubrir los salarios del personal de la Administración Federal de Aviación (FAA), sus gastos operativos y otros programas esenciales.
Entre los autores de la medida figuran el representante Sam Graves, de Misuri, presidente republicano del Comité de Transporte e Infraestructuras; los demócratas Rick Larsen, de Washington, y André Carson, de Indiana; y el republicano Troy Nehls, de Texas, quien lidera el subcomité de aviación. Graves destacó que el proyecto busca garantizar la seguridad de los viajeros durante cualquier interrupción presupuestaria. “Este proyecto de ley garantiza que los controladores, que tienen uno de los trabajos más exigentes del país, reciban su paga y que el público viajero no se vea afectado por los cierres”, afirmó.
La medida llega antes de una audiencia del Senado sobre las consecuencias del cierre de 43 días, pero su aprobación no está asegurada. Iniciativas similares, como la Ley de Estabilidad de la Financiación de la Aviación impulsada por el senador Jerry Moran de Kansas, no han avanzado en el Congreso desde 2019. Ese proyecto permitiría a la FAA usar el Fondo Fiduciario de Aeropuertos y Vías Aéreas, aunque con un costo más elevado.
Según el nuevo plan, los recursos se detendrían si el fondo bajara de los 1,000 millones de dólares, lo que bastaría para mantener la FAA en funcionamiento entre cuatro y seis semanas. Durante el último cierre, la falta de pago obligó a algunos controladores a ausentarse, agravando los retrasos y llevando al gobierno a ordenar a las aerolíneas reducir vuelos en 40 aeropuertos del país. La FAA calificó la decisión como una medida sin precedentes, pero necesaria para mantener la seguridad del sistema.
El fondo al que recurriría la propuesta se creó para cubrir reclamaciones de aerolíneas si el gobierno utilizaba sus aviones, aunque ese tipo de uso ya no es común. La última reclamación se registró tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021. En su momento también sirvió como respaldo para el mercado de seguros de las aerolíneas, especialmente después de los atentados del 11 de septiembre, pero ese programa expiró en 2014 cuando el sector se estabilizó.
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y revisada por un editor antes de su publicación.
