El Departamento de Educación de Estados Unidos está transfiriendo algunos de sus programas más grandes de subvenciones a otras agencias federales, a medida que la administración de Donald Trump avanza en su plan para cerrar la agencia.
Esta acción representa un paso significativo en el desmantelamiento del departamento. Desde marzo, cuando el presidente Trump ordenó su eliminación mediante una acción ejecutiva, se han efectuado múltiples recortes de personal y jubilaciones voluntarias.
Seis nuevos acuerdos firmados por Educación trasladarán miles de millones de dólares a otros organismos. El más destacado cede al Departamento de Trabajo el control de las principales fuentes de financiamiento federal para las escuelas K-12, incluyendo los $18,000 millones del programa Título I, destinados a escuelas que sirven a comunidades de bajos ingresos. También se moverán fondos para formación de maestros, enseñanza del inglés y el programa TRIO, que apoya a estudiantes de bajos recursos a obtener títulos universitarios.
Según el Departamento, estos programas continuarán financiándose al nivel autorizado por el Congreso, aunque no se ha aclarado si habrá más despidos. La secretaria de Educación, Linda McMahon, sostuvo en comunicado que “la Administración Trump está tomando medidas audaces para acabar con la burocracia educativa federal y devolver la educación a los estados”, afirmando que reducir la burocracia de Washington es parte esencial de su misión.
La cartera de préstamos estudiantiles, valorada en $1.6 billones, y la financiación para alumnos con discapacidades se mantienen bajo Educación, aunque McMahon ha sugerido que también podrían transferirse a otras agencias. Los acuerdos, negociados durante meses, permiten reducir la estructura del departamento sin intervención directa del Congreso, mediante convenios formales entre agencias cuyos trabajos se solapan.
Otros organismos asumirán responsabilidades específicas: el Departamento de Salud y Servicios Humanos administrará un programa de becas para padres universitarios y la acreditación de facultades de medicina extranjeras; el Departamento de Estado se encargará de los programas de lenguas extranjeras; e Interior supervisará la educación de nativos americanos.
Críticos advierten que esta reorganización podría afectar los programas dirigidos a estudiantes vulnerables y que otras agencias carecen de la experiencia educativa necesaria. También plantean dudas sobre la legalidad de la medida, ya que la ley exige que ciertas funciones sean manejadas directamente por el Departamento de Educación. Sin embargo, la agencia sostiene que su plan es jurídicamente sólido y aumentará la eficiencia.
McMahon ha justificado el cierre alegando que en 45 años el Departamento se ha transformado en una burocracia sobredimensionada, mientras los resultados estudiantiles han caído, especialmente tras la pandemia. Su propuesta eliminaría la agencia y daría más flexibilidad a los estados para decidir cómo utilizar los fondos federales, aunque cualquier cambio requeriría aprobación del Congreso, donde varias funciones del Departamento aún cuentan con respaldo bipartidista.
Como parte del plan, McMahon continuará recorriendo el país para destacar logros en escuelas locales y promover la iniciativa ante los legisladores en el Capitolio.
