La crisis de agua que afecta a miles de residentes del área metropolitana ha colocado nuevamente bajo escrutinio al Superacueducto de Puerto Rico, luego de que se confirmara una avería de gran magnitud en una de sus principales tuberías de distribución.
El pasado 11 de junio de 2026, el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis R. González Delgado, confirmó oficialmente una avería en una tubería de 72 pulgadas del Superacueducto. La falla fue localizada en Toa Baja, antes del conocido “tanque de la Pepsi”, según informó el alcalde de San Juan, Miguel Romero.
Un día después, la AAA advirtió que entre 110,000 y 112,000 abonados podrían verse afectados por interrupciones en el servicio mientras continúan los trabajos de evaluación y reparación.
El hallazgo fue posible gracias al trabajo del Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua, creado formalmente el 8 de junio de 2026 mediante un acuerdo judicial entre el Municipio de San Juan y la AAA. Utilizando equipos tecnológicos facilitados por el Municipio de Bayamón, el comité logró identificar la avería que podría estar limitando significativamente el flujo de agua hacia la zona metropolitana.
La situación afecta municipios que dependen directa o indirectamente del sistema, incluyendo San Juan, Bayamón, Carolina, Guaynabo, Toa Baja, Gurabo, Loíza, Juncos, Caguas, Dorado, Naranjito y Comerío, entre otros sectores impactados por la reducción en el suministro.
Una obra multimillonaria que vuelve al centro del debate
Cuando fue inaugurado en el año 2000, el Superacueducto fue presentado como la solución definitiva para garantizar el suministro de agua a la región norte y metropolitana de Puerto Rico. Sin embargo, desde sus inicios estuvo rodeado de controversias relacionadas con sobrecostos, cuestionamientos administrativos y preocupaciones sobre la complejidad operacional del sistema.
La obra terminó costando aproximadamente $585 millones. Su tubería principal de 72 pulgadas se extiende por cerca de 40 millas desde Arecibo hasta la zona metropolitana y abastece a más de 15 municipios.
Ahora, más de dos décadas después de su inauguración, la avería reabre interrogantes sobre la capacidad del sistema para continuar operando de manera confiable y sobre si los problemas actuales responden únicamente al envejecimiento de la infraestructura o también a decisiones tomadas durante las etapas de diseño, construcción y administración del proyecto.
El fantasma de la corrupción
La crisis también revive uno de los capítulos más polémicos en la historia del Superacueducto.
En noviembre de 2006, un jurado federal encontró culpables a René Vázquez Botet y Marcos Morell Corrada por cargos relacionados con conspiración, extorsión y fraude contributivo vinculados a contratos asociados al proyecto.
Vázquez Botet había sido director de las campañas a la gobernación de Pedro Rosselló en 1992 y 1996, mientras que Morell Corrada ocupó la secretaría general del Partido Nuevo Progresista entre 1991 y 1996.
Ambos fueron sentenciados a cinco años de prisión en enero de 2007 por el juez federal José Antonio Fusté.
Aunque el entonces gobernador Pedro Rosselló nunca fue acusado en el caso, las convicciones dejaron una marca permanente sobre una de las obras de infraestructura más emblemáticas de su administración.
¿Problema aislado o señal de algo mayor?
Mientras brigadas de la AAA continúan evaluando la magnitud de los daños, la avería vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿se trata de un incidente aislado o de una advertencia sobre el estado real de una infraestructura crítica de la que dependen cientos de miles de puertorriqueños?
Por ahora, miles de familias continúan enfrentando interrupciones y bajas presiones en el servicio, mientras el Superacueducto, concebido hace más de 25 años como la respuesta definitiva a los problemas de agua del país, vuelve a convertirse en el centro de una discusión que muchos creían cerrada.
