El gobierno del presidente Donald Trump apeló un fallo de una jueza federal en Oregon que prohíbe el despliegue de la Guardia Nacional en Portland. La decisión judicial, emitida la semana pasada por la jueza de distrito Karin Immergut —nombrada por Trump—, se produjo tras un juicio de tres días en el que se debatió si las protestas frente al edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) justificaban el uso de fuerzas militares en territorio estadounidense.
La jueza concluyó, en una opinión de 106 páginas, que aunque el presidente tiene “gran deferencia” para convocar a la Guardia Nacional, no presentó una base legal válida al no demostrar la existencia de una rebelión o el fracaso de las fuerzas regulares para mantener el orden. La demanda fue presentada por la ciudad de Portland y el estado de Oregon en septiembre con el objetivo de frenar el despliegue.
El gobierno federal criticó el fallo y sostuvo que las tropas eran necesarias para proteger al personal y las propiedades federales en una ciudad que Trump ha descrito como “devastada por la guerra”.
“El fallo de la corte de distrito dejó claro que esta administración debe rendir cuentas a la verdad y al Estado de derecho”, señaló el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, en un comunicado emitido tras conocerse la apelación. “Seguiremos defendiendo los valores de Oregon y la autoridad de nuestro estado para tomar decisiones basadas en evidencia y sentido común”.
Antes de la sentencia final, Immergut había emitido dos órdenes de restricción temporales que bloquearon los intentos de Trump de desplegar tropas. La primera, a inicios de octubre, impidió el envío de 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregon, y la segunda, emitida un día después, bloqueó el despliegue de tropas provenientes de otros estados, luego de que el gobierno intentara enviar efectivos desde California.
La Corte de Apelaciones del 9no Circuito federal ordenó mantener la suspensión del despliegue en espera de una revisión adicional.
Otras ciudades demócratas también se han opuesto a medidas similares. Chicago, por ejemplo, presentó una demanda separada sobre el mismo asunto, actualmente bajo examen de la Corte Suprema. Los gobiernos locales argumentan que el presidente no ha cumplido con los criterios legales para usar fuerzas militares y que hacerlo comprometería la soberanía de los estados.
