La vista preliminar contra Meliceli Ortiz Vázquez, imputada de apuñalar a su hijo de siete años y a su hermana en un incidente ocurrido en Barranquitas, fue pospuesta sin nueva fecha tras surgir una controversia sobre su procesabilidad.
La defensa de Ortiz Vázquez, representada por el licenciado Julio Torres Ortiz, presentó ante la jueza Marielem Padilla, del Tribunal de Aibonito, una moción para que un perito determine si su clienta está apta para ser procesada. Según Torres Ortiz, la mujer no ha podido cooperar con la defensa, por lo que es necesario realizar la evaluación. El fiscal Juan Santos Santiago señaló que corresponde al perito establecer esa determinación.
Ortiz Vázquez enfrenta cinco cargos: dos por tentativa de asesinato, dos por violaciones a la Ley de Armas y uno por infringir la Ley 53-2023 de Prevención del Maltrato de Menores, informó el Departamento de Justicia. La acusada continúa detenida en una institución correccional tras no prestar la fianza de $500,000 que le fue impuesta.
De acuerdo con la Policía, los hechos ocurrieron a las 2:12 a.m. del lunes en una residencia de la urbanización Jardines, en Barranquitas. Allí, la mujer presuntamente atacó a su hijo y a su hermana con un cuchillo de cocina. El menor fue trasladado en condición delicada a un hospital del área metropolitana, mientras que su tía recibió tratamiento en el Hospital Menonita de Aibonito y fue dada de alta. El Departamento de la Familia asumió la custodia de emergencia del niño, quien está bajo el cuidado de un familiar.
La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, indicó que el caso ya era atendido por la agencia antes del suceso. Detalló que el 2 de mayo se recibió un referido de la Policía por el comportamiento errático de Ortiz Vázquez, quien entonces había acudido al cuartel de Barranquitas con su hijo. Posteriormente, personal de la agencia contactó a la hija adulta de la imputada, que tenía al menor bajo su cuidado temporal. Sin embargo, la acusada regresó a buscarlo el domingo, asegurando haber abandonado el tratamiento hospitalario que recibía, y se lo llevó consigo.
Ese mismo día, Ortiz Vázquez realizó varias llamadas erráticas al sistema 9-1-1, lo que originó un segundo referido a la agencia. Personal de la Unidad de Investigaciones Especiales activó un plan de seguridad familiar con el apoyo de tías y la abuela paterna del menor, e incluso se les orientó sobre la posibilidad de solicitar una orden 408 para una evaluación psiquiátrica involuntaria. Los familiares decidieron no hacerlo y acordaron mantener a madre e hijo bajo supervisión familiar. La última comunicación con la familia se registró alrededor de las 6:00 p.m. del domingo, horas antes del ataque.
Roig Fuertes subrayó que el Departamento intervino desde el primer momento y que se tomaron medidas de protección y monitoreo conforme a los protocolos vigentes.
