Las negociaciones entre la Fiscalía federal y los hermanos Edgardo y Ricardo Luis Navarro Suárez, ambos acusados junto a sus empresas en un caso de fraude, sufrieron un revés luego de que el Ministerio Público rechazara una contrapropuesta de la defensa para llegar a un acuerdo.
La información se conoció durante una vista de estatus celebrada el lunes ante la jueza de distrito Camille L. Vélez Rivé, en el Tribunal federal de Hato Rey. La fiscal federal auxiliar Myriam Y. Fernández González confirmó que las ofertas presentadas por los abogados defensores fueron rechazadas.
Según la minuta de la vista, los licenciados Edgar Vega y Jason González, representantes legales de Edgardo y Ricardo respectivamente, presentaron argumentos de mitigación y contrapropuestas de admisión de culpa que no fueron aceptadas. Vega representa además a las compañías JCA Development, JCA Packaging Group, Inc. y JCA Industrial Supply Corp., mientras González defiende a la entidad RVIP Group Corp.
Aunque no se divulgaron los detalles de la oferta, el que continúen las conversaciones refleja que las partes todavía exploran un posible acuerdo antes del juicio en uno de los casos de fraude más notorios del último año en la isla.
El caso se dio a conocer en abril de 2025, cuando agentes federales arrestaron a los hermanos Navarro Suárez y al contador público Ramón Valentín Montalvo. Un gran jurado emitió, el 27 de marzo de 2025, un pliego acusatorio contra ellos y sus empresas por presuntamente ejecutar un esquema de fraude para apropiarse de más de $2.2 millones en fondos federales provenientes de préstamos bajo la Ley CARES.
De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, cuando los imputados habrían sometido 26 solicitudes de préstamos bajo los programas Paycheck Protecting Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loan (EIDL) de la Administración federal de Pequeños Negocios (SBA). Los fondos estaban destinados a cubrir nómina y deudas durante la emergencia por la pandemia de COVID-19.
Según la Fiscalía federal, los acusados enfrentan 12 cargos y se les imputa haber ofrecido o prometido $69,500 en sobornos a un empleado de una institución bancaria para facilitar y autorizar los préstamos. El pliego establece, además, que el empleado tenía acceso a los sistemas internos de la institución para tramitar los desembolsos.
El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, informó que las empresas señaladas en el caso son RVIP Group, Corp., propiedad de Ricardo Navarro, y las corporaciones JCA Development, Inc., JCA Packaging Group y JCA Industrial Supply Corp., vinculadas a Edgardo Navarro. Todos los acusados se declararon no culpables en su vista inicial.
