El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, reconoció la existencia de “fallas administrativas” en su municipio tras la divulgación de un informe de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) que halló siete correos electrónicos con contenido político partidista en computadoras municipales. Sin embargo, evitó identificar a los funcionarios vinculados a esos incidentes y rechazó alegaciones sobre posibles conexiones entre su familia y un abogado contratado por el ayuntamiento.
“Mi administración no es perfecta, pero tampoco es corrupta. Eso tiene que quedar meridianamente claro”, sostuvo el alcalde durante una conferencia de prensa en la Casa Alcaldía. Aseguró que las deficiencias fueron corregidas o se encuentran bajo investigación interna, y añadió que el hallazgo más grave fue referido a la Oficina de Ética Gubernamental.
El informe de auditoría divulgado el viernes describía un “patrón consistente” de uso indebido de fondos, propiedad y personal municipal para fines ajenos al interés público. Ante esto, Alicea Vasallo acudió al Tribunal de Primera Instancia para pedir el retiro del documento y exigió a la Contraloría incluir una nota aclaratoria, alegando que existía un pleito pendiente para refutar los hallazgos antes de su publicación.
El alcalde cuestionó el proceso de la OCPR y alegó que la agencia ignoró una orden judicial previa. Por su parte, el contralor auxiliar de Asuntos Legales, Rafael Vázquez, indicó que la OCPR responderá en el foro judicial correspondiente.
Durante la conferencia, Alicea Vasallo mostró correos electrónicos citados en el informe y minimizó el hallazgo. “De 29,625 correos electrónicos, solo se encontraron siete con material político. El que la hizo, la va a pagar”, expresó.
Negó, además, ofrecer el nombre de una funcionaria identificada en el informe como directora interina de la Oficina de Planificación, designada sin cumplir los requisitos mínimos del cargo. Al ser cuestionado sobre si la funcionaria era su nuera, se limitó a destacar sus credenciales y desempeño. Tampoco identificó a la agencia publicitaria cuyos trabajos coincidían con su campaña política. “No te voy a decir el nombre. Los contratos están en la Oficina del Contralor, búscalo”, dijo.
El alcalde defendió la contratación del abogado Jaime Sanabria, del bufete ECIJA, quien lleva el caso del municipio contra la OCPR, negando cualquier vínculo familiar. La Contraloría, no obstante, señaló que el bufete recibió pagos ilegales por $75,623 y servicios no relacionados por $298,586.
Finalmente, Alicea Vasallo acusó a un auditor de la OCPR de parcialidad y de presionar testigos durante la investigación. “Cuando se pierde objetividad, se aleja del debido proceso y termina en un proceso mediático”, afirmó con tono de indignación por el manejo del informe.
