El liderato de Proyecto Dignidad respaldó este domingo un proyecto de ley de la representante Lisie Burgos que busca eliminar el derecho al voto de confinados sentenciados por delitos graves con penas de 10 años o más. La medida, dijo el partido, pretende proteger la integridad electoral y evitar posibles presiones indebidas.
Durante una conferencia frente a la Comisión Estatal de Elecciones, la presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez Martínez, expresó su apoyo al Proyecto de la Cámara 1278, presentado el 14 de mayo. La propuesta aplicaría a convictos por delitos graves contra la persona, la propiedad, delitos sexuales, y crímenes de orden público o económicos, tanto en instituciones penales de Puerto Rico como en cárceles estatales y federales de Estados Unidos.
“Queremos defender la integridad electoral con una nueva medida sobre el voto de confinados”, afirmó Pérez Martínez. Agregó que la iniciativa busca enmendar el Código Electoral de Puerto Rico para excluir del voto adelantado y ausente a confinados con condenas por delitos graves.
La presidenta del partido recordó que no fue hasta diciembre de 1977, bajo el entonces gobernador Carlos Romero Barceló, que se aprobó el estatuto que permitió el voto de reclusos. “Podemos repasar la historia de esa elección de 1978, en la que hubo muchos escándalos, y donde Romero Barceló prevaleció por poco más de 3,000 votos”, comentó.
Pérez Martínez estuvo acompañada por Burgos, el expresidente del partido César Vázquez y el comisionado electoral Juan Gabriel Zayas. Burgos recalcó que “esta medida no pretende atacar la dignidad humana de los confinados ni limitar los esfuerzos de rehabilitación”, sino evitar que personas condenadas por delitos graves ejerzan un privilegio electoral mientras cumplen extensas sentencias.
El proyecto propone enmendar los Artículos 2.3 y 9.34 del Código Electoral, que regulan el voto adelantado y ausente.
De otro lado, Pérez Martínez calificó como “escandalosa” la información divulgada por el medio ProPublica sobre un supuesto intercambio de drogas por votos en las cárceles, alegadamente para favorecer a la ahora gobernadora Jenniffer González durante el pasado ciclo electoral, señalamiento que la mandataria ha rechazado. El partido pidió que se investigue a fondo la denuncia.
Según ProPublica, luego de la elección del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos habría detenido una pesquisa sobre ese esquema, en el que se indagaba la posible conexión entre los reclusos y miembros del equipo de campaña de González.
