Durante la primera semana de mayo, el Grupo de Trabajo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSTF, por sus siglas en inglés) realizó múltiples intervenciones relacionadas con narcotráfico, incautaciones de drogas y acusaciones federales en Puerto Rico y el Caribe. El jefe de la Fiscalía federal en la isla, William Stephen Muldrow, confirmó que los casos ocurrieron entre el 4 y el 10 de mayo.
El 6 de mayo, tres ciudadanos venezolanos —Charlie G. Marval Henríquez, Johan Alexander Rodríguez Núñez y José Abraham Rodríguez Núñez— fueron acusados por conspiración e intento de importación de cocaína. Agentes federales incautaron 643.3 kilogramos de cocaína que transportaban en una embarcación. Marval Henríquez también enfrenta un cargo por reingreso ilegal tras una deportación previa.
Un día después, un gran jurado federal radicó 27 cargos contra siete venezolanos y dos dominicanos acusados de conspirar para transportar cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos. Durante la operación se decomisaron 709.1 kilos de la sustancia, tras una persecución marítima que culminó con la embarcación impactando arrecifes cerca de Vieques.
De forma paralela, varios acusados se declararon culpables por distribución de drogas en residenciales públicos de Fajardo, Cayey y San Juan. Entre ellos, los hermanos Frank y Raúl Quiñones Boria, quienes admitieron haber distribuido heroína, crack, cocaína y marihuana en el residencial Pedro Rosario Nieves de Fajardo. En Cayey, Julio Torres Roche, Zael Lao-Ortiz y Jonathan Ortiz Martínez aceptaron cargos por conspiración para distribuir cocaína y posesión de armas de fuego. En San Juan, Michael Jovan Rodríguez Cruz y Maycol A. Franco también se declararon culpables por delitos similares.
Asimismo, otros imputados, como Jorge L. Carmona Gil, Calín Hernández Valdez y Usbardo Trinidad Hungría, se declararon culpables por conspiración para distribuir cocaína o por reingreso ilegal al país, enfrentando sentencias entre 2025 y 2026.
Entre los convictos ya sentenciados se encuentran Rodolfo Brunet González, condenado a tres años de libertad condicional por transportar ilegalmente un arma de fuego; Sem Monge Parrilla y Ernesto Caraballo, sentenciados a 60 y 96 meses de prisión por narcotráfico en el residencial Jardines de Sellés; y Marcos Antonio Ventura Martínez, condenado a 30 meses de cárcel por importación y distribución de cocaína.
También fueron sentenciados Rafael Emilio Pérez Pichardo, a dos años de libertad condicional por reingreso ilegal; Omar Antonio Contreras Mendoza, a 70 meses de prisión por conspirar para distribuir cocaína; y Eduardo Berríos Sepúlveda, a 96 meses de prisión por narcotráfico armado en San Juan.
Otros casos incluyen a Luis A. Quijano Cruz, Erick Leandro Calderón Soler, Michael García Torres, Jonathan Ramaza Sanabria y Juan Enrique Feliciano Torres, todos con penas de prisión y libertad supervisada por delitos relacionados con tráfico de cocaína, armas y fentanilo. Las sentencias oscilaron entre 18 meses y 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los cargos.
En conjunto, los operativos del Departamento de Seguridad Nacional en Puerto Rico reflejan un aumento en las acciones contra el narcotráfico marítimo y las operaciones criminales en residenciales públicos, destacó Muldrow en su declaración escrita.
