En mayo del año pasado, un hombre de 40 años compareció ante una jueza de la sala judicial especializada en trastornos de dependencia de sustancias y alcohol, donde aceptó responsabilidad por un violento incidente ocurrido siete meses antes. Según trascendió, en octubre de 2024 el sujeto, durante un episodio psicótico, atacó a su propio padre —un orientador escolar retirado de 71 años—, a quien golpeó con los puños y persiguió con un cuchillo por la residencia familiar en Camuy.
El proceso judicial incluía un compromiso de tratamiento psiquiátrico y de rehabilitación para el paciente, pero finalmente se determinó que sería liberado sin haber recibido la atención médica prometida. La situación ha generado preocupación entre familiares y allegados, quienes señalan que el sistema de salud mental no cumplió con lo acordado. «No se logró nada», expresaron, lamentando que el esfuerzo para lograr su recuperación haya quedado inconcluso.
El caso ha abierto nuevamente la discusión sobre las limitaciones del sistema judicial y de salud en Puerto Rico para manejar de forma efectiva los casos de personas con enfermedades mentales que cometen actos de violencia durante episodios psicóticos.
