El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones, solicitó un aumento de $5 millones para el Programa de Salud Correccional, elevando su presupuesto a $72 millones para el próximo año fiscal. La petición ocurre en medio de la incertidumbre sobre quién administrará los servicios médicos a la población confinada.
La cantidad no incluye los posibles costos de transición si se concreta la salida de Physician Correctional, como ha prometido la administración de Jenniffer González. “La preocupación es presupuestaria… se toman decisiones que luego nos descuadran el presupuesto”, advirtió Eddie Charbonier, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.
El director de Presupuesto y Finanzas del DCR, Julio Ortiz, explicó que el aumento —de $67 millones a $72 millones— busca atender mejor las necesidades médicas de los confinados. De esos fondos, $12 millones serían para la administración del programa. Ortiz señaló que han tenido que acudir a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Junta de Supervisión Fiscal para reasignaciones adicionales.
El DCR notificó el 1 de julio pasado su intención de cancelar el contrato con Physician Correctional e inició una convocatoria para seleccionar un nuevo proveedor. Hasta la fecha, evalúa diez propuestas. Quiñones indicó que se trabaja en la contratación de un perito en administración hospitalaria, servicios médicos, psiquiatría, farmacia y salud dental para realizar una evaluación exhaustiva antes del verano.
El funcionario no descartó que se contraten varias empresas y recalcó que, mientras tanto, Physician Correctional debe continuar ofreciendo los servicios. “Queremos garantizar que la población correccional reciba los mejores servicios posibles”, aseguró.
La empresa mantiene una demanda contra el gobierno alegando que la cancelación del contrato es “arbitraria e ilegal” y responde a “discrimen político” por su apoyo a Pedro Pierluisi durante la pasada campaña primarista.
Quiñones también informó que los confinados con diagnóstico de hepatitis C siguen sin acceso a los medicamentos orales disponibles desde 2019. Sin embargo, el Departamento de Salud incluirá en su presupuesto los $12 millones necesarios para costear los tratamientos. “Ya identificamos la población positiva al virus y estamos en coordinación con Salud para comenzar el proceso”, dijo.
El año pasado, el DCR realizó pruebas de hepatitis C a los 7,913 confinados, de los cuales el 25% dio positivo. La Organización Mundial de la Salud señala que los tratamientos modernos curan hasta el 95% de los casos en ocho a doce semanas. “Tenemos que impactar a toda la población, ese es el compromiso de la gobernadora”, sostuvo Quiñones.
Para el año fiscal 2026-2027, el DCR propuso un presupuesto total de $489 millones, $46 millones por encima del actual, con $274 millones destinados a nómina y $157 millones a gastos operacionales.
