Ciudad de México – Dos políticos del partido de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en el estado de Sinaloa, anunciaron su renuncia temporal luego de que Estados Unidos los acusara —junto a otros ocho funcionarios y agentes de seguridad— de narcotráfico. La acusación, que involucra a diez personas, ha sacudido a la clase política del país.
El gobernador Rubén Rocha Moya, el funcionario de mayor jerarquía incluido en el señalamiento, rechazó los cargos de haber protegido al cártel de Sinaloa y de haber facilitado el contrabando de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y respaldo político. “Tengo la conciencia tranquila”, afirmó el mandatario estatal de 76 años, aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Rocha anunció que pedirá licencia de su cargo para enfrentar las acusaciones “falsas y malintencionadas” y colaborar con la investigación. De igual forma, Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, confirmó que también se tomará una licencia temporal, mientras que el senador Enrique Inzunza, del mismo partido Morena, aseguró que permanecerá en el Senado mientras se defiende.
El Congreso local de Sinaloa aprobó una licencia de 30 días para Rocha y designó como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, exsecretaria de Gobierno y aliada del mandatario. Según el exmagistrado Arturo Zaldívar, asesor de Sheinbaum, al abandonar sus cargos temporalmente, Rocha y Gámez perdieron la inmunidad penal y pueden ser detenidos.
Claudia Sheinbaum enfatizó que México debe juzgar a sus funcionarios si se presentan pruebas irrefutables, y evitó someter los casos a tribunales estadounidenses. Recalcó que ello responde a un tema de soberanía. “Nunca nos vamos a subordinar porque este es un asunto de dignidad de los mexicanos”, declaró.
Habitantes de Sinaloa reaccionaron con aprobación ante las renuncias. “Estamos en un estado ingobernable… Lamentablemente fue otro país el que tuvo que tomar cartas en el asunto”, opinó Raquel Campos, doctora en Culiacán. Otros ciudadanos exigieron que el gobierno reconozca la profundidad de la relación entre la política y el narcotráfico.
Mientras tanto, la fiscalía mexicana anunció que no ejecutará detenciones hasta concluir su propia investigación, pese a la solicitud de Estados Unidos. Rocha, defensor del principio de “abrazos, no balas” promovido por López Obrador, insistió en que las acusaciones son parte de un ataque político contra Morena. “No permitiré que se me utilice para dañar al movimiento al que pertenezco”, afirmó.
Rocha, originario de la misma ciudad que Joaquín “El Chapo” Guzmán, ya había sido vinculado a sospechas similares. En 2024, un exintegrante del cártel de Sinaloa mencionó su nombre en una carta enviada antes de ser capturado por una facción rival.
“Es un secreto a voces”, expresó Sergio Estrella, comerciante de Culiacán. “El gobierno tiene que reconocer hasta qué punto el narcotráfico está metido en la política”.
La historia fue traducida del inglés y revisada por un editor antes de su publicación.
