La gobernadora Jenniffer González vetó dos proyectos de la Cámara de Representantes y uno del Senado de Puerto Rico, al entender que su implementación generaría un impacto fiscal significativo sin contar con una fuente de repago.
El primer veto correspondió al Proyecto de la Cámara 243, que proponía designar las calles Palma y Gonzalo Marín, en Arecibo, como “Zona de Turismo Gastronómico” bajo el nombre de “Corredor Gastronómico Arecibo en la Villa del Capitán Correa”. La medida ordenaba a la Compañía de Turismo desarrollar planes de promoción y mercadeo. “La medida impone obligaciones adicionales a la Compañía de Turismo sin que se haya contemplado una asignación presupuestaria para su implementación”, indicó la mandataria, quien agregó que la agencia no cuenta con los recursos necesarios y tendría que contratar servicios externos. El proyecto fue impulsado por los representantes novoprogresistas Gabriel Rodríguez Aguiló, Edgar Robles Rivera y Jerry Nieves Rosario.
Otro de los vetos recayó sobre el proyecto que creaba la “Ley del Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento Jurídico” del Departamento de Justicia, que buscaba establecer una academia de adiestramiento para el manejo de escenas criminales y casos complejos. González argumentó que tanto la Policía de Puerto Rico como el Departamento de Justicia ya coordinan estos adiestramientos y que la propuesta podría generar un impacto fiscal no previsto en el presupuesto actual. Sostuvo que el tema podría reevaluarse el próximo año fiscal. Esta medida fue de la autoría del representante del PPD Ramón A. Torres Cruz.
El tercer veto fue al Proyecto del Senado 471, que pretendía crear la “Ley del Registro de Personas con Trastornos Sanguíneos y/o Condiciones Sanguíneas”, adscrito al Departamento de Salud. Según la gobernadora, el impacto estimado sería de $175,000 anuales en gastos operacionales. “En ausencia de disponibilidad de fondos, la implementación de la medida no es fiscalmente viable”, subrayó. La iniciativa fue radicada por el senador novoprogresista Jeison Rosa Ramos, con coautoría de Ángel Toledo López y Karen Román Rodríguez.
A pesar de los vetos, la mandataria firmó siete medidas que se convierten en ley, entre ellas la Ley 66 de 2026, que enmienda la Ley de Alianzas Público-Privadas para prohibir la subcontratación de familiares o exempleados. También estableció el “Día Oficial de las Niñas y Mujeres en STEM” y el “Día de la Mujer en la Historia Deportiva Puertorriqueña”, este último propuesto por estudiantes de la Escuela Manuel González Pató en Ponce.
Además, aprobó la Ley 70 de 2026, impulsada por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, que designa a la Administración de Sistemas de Retiro como entidad responsable de un programa voluntario de ahorro para el retiro. Otras leyes recién firmadas fortalecen las finanzas de las cooperativas de nueva creación, eliminan el Consejo Asesor para el Desarrollo de las Comunidades Especiales y ordenan a la AAA, el DRNA y la AEE gestionar fondos federales para dragar embalses bajo su administración.
