La jueza de distrito Silvia Carreño Coll, del Tribunal federal en Puerto Rico, concedió parcialmente la solicitud de posposición de sentencia presentada por la defensa de los coacusados en el caso contra Wanda Vázquez Garced.
Según la orden judicial, las vistas de sentencia del banquero venezolano Julio Herrera Velutini y del asesor financiero y exagente federal Mark Rossini se celebrarán el 8 de enero de 2026 a las 2:30 p.m. y 3:30 p.m., respectivamente, en la sala 6 de la corte. Inicialmente, las audiencias estaban programadas para el 10 de diciembre de este año.
Aunque las defensas de ambos solicitaron que se pospusieran hasta finales de enero, la jueza señaló que los argumentos expuestos no justificaban una prórroga tan extensa. No obstante, accedió a modificar la fecha “para adaptarse a las agendas de los abogados”. Además, dispuso que los memorandos de sentencia deben presentarse al menos 10 días antes de la vista.
Los abogados de Herrera Velutini —Sonia Torres Pabón, Lilly Ann Sánchez y Christopher Kise— informaron al tribunal que tenían un “inesperado conflicto” con la fecha de diciembre. Alegaron que los feriados de fin de año complicaban la preparación del caso. Por su parte, los representantes legales de Rossini —Lydia Lizarribar Masini, Michael B. Nadler y Juan J. Michelen— también solicitaron la posposición, citando compromisos profesionales ineludibles durante ese mes.
En otro orden, la jueza Carreño Coll concedió la prórroga solicitada por la defensa de Wanda Vázquez Garced para presentar objeciones al informe presentencia. La exgobernadora será sentenciada el 4 de diciembre. Su abogado, Ignacio Fernández de Lahongrais, expresó reparos al contenido del informe por incluir alegaciones del pliego original.
Vázquez Garced se declaró culpable de aceptar una promesa de contribución política de parte de Herrera Velutini durante su campaña en 2020, en violación a la Ley federal de Campañas Electorales (FECA). Además de la exgobernadora, las autoridades federales acusaron a Herrera Velutini y a Rossini de ofrecer dinero y apoyo a cambio de la destitución de George Joyner como comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que investigaba a Bancrédito International Bank & Trust Corporation, propiedad de Herrera Velutini.
En 2025, los tres acusados alcanzaron un acuerdo con el Departamento de Justicia federal y se declararon culpables de violar la Ley FECA a cambio de la desestimación del pliego inicial. Actualmente, los tres esperan por sus respectivas sentencias en el Tribunal federal.
