El exsecretario de Justicia y contratista del gobierno, Antonio Sagardía, autorizó este martes al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, a entregar su información contributiva al Senado, en cumplimiento con la orden del Tribunal de Apelaciones que validó la facultad fiscalizadora del cuerpo legislativo.
“Autoricé, desde anoche, por carta legal, la entrega de la información. Lo autoricé a base de lo que dice la sentencia del Apelativo”, confirmó Sagardía.
El representante legal de Sagardía, el licenciado Rodrigo Fernández, explicó en declaraciones escritas que la autorización no incluye declaraciones informativas ni datos excluidos por la sentencia del Tribunal de Apelaciones. “La autorización se ciñe exclusivamente al alcance que la propia sentencia determinó –las contestaciones a las cuatro categorías identificadas en sus páginas 6 y 19– y reserva expresamente todos los planteamientos constitucionales del contribuyente”, añadió Fernández.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, había concedido el lunes a Pantoja un plazo final de 24 horas para entregar los documentos, advirtiendo que de no hacerlo recurriría al tribunal para solicitar un desacato.
La pasada semana, un panel del Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de la jueza Iris Cancio González, del Tribunal de San Juan, que ordenaba la entrega de los documentos. Sagardía había objetado la orden alegando que violaba el debido proceso de ley y excedía los límites constitucionales del poder investigativo legislativo.
Por su parte, el Ejecutivo también se había opuesto a la entrega de la información, argumentando que podía vulnerar derechos de terceros y exponer datos confidenciales. Sin embargo, Cancio González determinó que el Senado estaba actuando dentro de su facultad constitucional y que la solicitud se limitaba a conocer si Sagardía preparó formularios W-2 o 480 y, de ser así, a identificar a nombre de quién se emitieron.
El interés del Senado surge de señalamientos de que Sagardía pudo haber subcontratado con terceros los servicios para los que fue contratado por el gobierno. La investigación busca determinar si esas transacciones ocurrieron, si estaban permitidas por el contrato y si están reflejadas en su información contributiva.
