La seguridad de la Casa Blanca siempre ha sido un tema rodeado de secretismo, pero la batalla legal del presidente Donald Trump por la construcción de un nuevo salón de baile ha sacado a relucir información sobre un búnker subterráneo con un papel histórico.
El tema surgió durante el pleito entre el gobierno de Trump y el Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica, que cuestiona el proyecto del salón de baile de unos 8,400 metros cuadrados en Washington. Un tribunal federal de apelaciones autorizó recientemente que el mandatario continúe con la obra, valorada en 400 millones de dólares, en el terreno donde antes se levantaba el Ala Este, demolida el año pasado.
El fallo dejó en pausa una orden previa que prohibía la construcción sobre el nivel del suelo, pero permitió labores vinculadas con la seguridad. Los documentos del caso mencionan la incorporación de refugios antibombas, equipamiento militar y un centro médico como parte del plan de fortalecimiento del complejo presidencial.
El origen del búnker bajo el Ala Este se remonta a 1942, durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt, cuando se construyó un refugio antibombas tras la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el sitio ha sido clave en momentos de crisis. El historiador Garrett Graff destacó que el Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial fue concebido para un uso temporal, destinado a evacuar y proteger al presidente durante emergencias.
Una de las ocasiones en que fue utilizado ocurrió el 11 de septiembre de 2001, cuando el vicepresidente Dick Cheney fue llevado al refugio por el Servicio Secreto. Más recientemente, Trump fue conducido allí durante las protestas de 2020 tras la muerte de George Floyd, mientras se escuchaban cánticos de manifestantes en Lafayette Park.
Según documentos judiciales firmados por Matthew Quinn, subdirector del Servicio Secreto, la construcción del salón de baile es esencial para reforzar las estructuras subterráneas de seguridad. Dejar la obra inconclusa, advirtió, pondría en riesgo la capacidad del organismo de proteger al presidente.
Trump ha defendido el proyecto, alegando que incluye sistemas de defensa contra drones, control seguro del aire, telecomunicaciones protegidas y refugios antibombas. También afirmó que se construyen instalaciones médicas y un hospital subterráneo. En redes sociales, criticó la decisión judicial previa y argumentó que la infraestructura superior es necesaria para que la parte subterránea funcione adecuadamente.
Sin embargo, el Fideicomiso Nacional sostiene que el presidente se extralimitó al avanzar sin la autorización de agencias federales ni del Congreso. Aunque el juez Richard Leon falló a favor del grupo en marzo, permitió continuar los trabajos subterráneos mientras el gobierno apelaba. La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia evaluará el caso el 5 de junio.
Se espera que los contribuyentes cubran los costos de seguridad del proyecto, mientras que el presidente ha asegurado que el financiamiento del salón de baile provendrá de donaciones privadas. Trump ha calificado la obra como una mejora esperada por años en el complejo presidencial. El resultado de la disputa legal definirá si el polémico proyecto podrá completarse como fue concebido.
