Los Ángeles — Un tribunal federal de apelaciones suspendió este miércoles la ley de California que obligaba a los agentes federales de inmigración a portar identificación visible, argumentando que la medida violaba la Constitución al intentar regular directamente al Gobierno de Estados Unidos.
Según la administración Trump, la ley comprometía la seguridad de los agentes, quienes podrían ser blanco de acoso o violencia, además de vulnerar la Cláusula de Supremacía. El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito emitió una orden cautelar y mantuvo bloqueada la entrada en vigor de la norma, lo que representa otro revés para los esfuerzos californianos de limitar las tácticas federales de inmigración.
La decisión, redactada por el juez Mark J. Bennett, contó con el apoyo unánime de los jueces Daniel P. Collins y Jacqueline H. Nguyen. El tribunal sostuvo que la ley “intenta regular directamente a los Estados Unidos en su desempeño de funciones gubernamentales”.
California había aprobado la medida junto con otra que prohibía el uso de máscaras o coberturas faciales a la mayoría de los agentes del orden. Esta segunda ley fue bloqueada previamente por un juez federal al considerar que discriminaba al gobierno federal. La administración Trump impugnó ambas normas en noviembre.
Durante las vistas de apelación, los abogados del Departamento de Justicia insistieron en que las regulaciones estatales interferían con las operaciones federales. Por su parte, el estado defendió que la ley aplicaba por igual a todos los cuerpos de seguridad y buscaba evitar incidentes de confusión pública.
Los abogados californianos advirtieron que la ausencia de identificación visible podría causar enfrentamientos, al no saber los ciudadanos si quienes los abordan son agentes legítimos o delincuentes. De hecho, un informe del Buró Federal de Investigación de octubre de 2025 alertó sobre falsos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cometiendo delitos violentos.
El tribunal, sin embargo, concluyó que los intereses de seguridad no bastaban para justificar una ley contraria a la Constitución, afirmando que “todos los ciudadanos tienen interés en defender la Constitución”.
Tras conocerse el fallo, el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, celebró la resolución como una “gran victoria legal” en una publicación en X. La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, indicó que está revisando la orden del tribunal.
La decisión podría tener repercusiones nacionales, al limitar la capacidad de otros estados para imponer condiciones similares a los agentes federales.
