La muerte de dos agentes de la CIA en un accidente en las montañas de Chihuahua sigue generando contradicciones y desconfianza entre los gobiernos de México y de Estados Unidos. Los funcionarios regresaban presuntamente de un operativo antidrogas cuando su vehículo cayó por un barranco, dejando también sin vida a dos miembros de la fiscalía estatal.
Su pertenencia a la agencia central de inteligencia estadounidense fue confirmada a The Associated Press por fuentes oficiales bajo condición de anonimato. El hecho desató un debate sobre la presencia de agentes extranjeros en México y sobre quién autorizó su participación en la acción.
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que cualquier colaboración con agencias extranjeras debe contar con la aprobación federal, lo que no ocurrió en este caso, y anunció que analiza sanciones contra el gobierno de Chihuahua. “No se informó de la participación de estas personas. No puede haber agentes del gobierno de Estados Unidos operando en campo”, señaló la mandataria.
Horas más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pidió a Sheinbaum “un poco más de empatía” por la muerte de los dos estadounidenses, alegando que ambos trabajaban para combatir el tráfico de drogas junto al presidente Donald Trump.
El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, declaró inicialmente que los agentes participaron en el desmantelamiento de un enorme laboratorio de drogas sintéticas en la sierra, pero luego se retractó al afirmar que los funcionarios de la embajada se sumaron después del operativo. Esta contradicción incrementó la tensión entre autoridades locales y federales.
Sheinbaum envió una carta “de extrañamiento” al embajador estadounidense para exigir información detallada y anunció que conversará con la gobernadora María Eugenia ‘Maru’ Campos. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvo que “nunca ha habido agentes extranjeros participando físicamente en operativos federales”, recordando que la ley mexicana lo prohíbe.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se adoptó una normativa que obliga a las agencias extranjeras a informar de manera previa sus actividades en territorio mexicano. Aunque Sheinbaum ha buscado ampliar la cooperación con Washington, este nuevo episodio expone los límites de esa relación y revive las suspicacias históricas sobre la actuación de la CIA en América Latina.
El Senado mexicano citó a la gobernadora de Chihuahua para que rinda cuentas la próxima semana sobre lo ocurrido y las posibles responsabilidades de su administración en la presencia de los agentes estadounidenses.
