La senadora independiente Joanne Rodríguez Veve solicitó al Departamento de Justicia que inicie de inmediato una investigación criminal contra las clínicas de terminación de embarazos en Puerto Rico y los médicos que allí laboran, ante la posible comisión de delitos.
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, confirmó haber recibido el referido, el cual fue remitido a la Oficina del Jefe de Fiscales para su evaluación y acción correspondiente. Durante una conferencia de prensa, Rodríguez Veve expresó que no actuar sería ignorar evidencia que, a su juicio, pone en duda el cumplimiento de la excepción penal que permite el aborto en casos de riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
Según la legisladora, las clínicas operan en violación al Artículo 98 del Código Penal, que permite el aborto solo si existe una indicación terapéutica previa realizada por un médico autorizado. Afirmó que “la única forma de eludir el ámbito penal es el cumplimiento real, previo y verificable de esa excepción”.
Rodríguez Veve basó su denuncia en una auditoría del Departamento de Salud realizada a inicios de año en las clínicas Darlington Medical Associates, Planificación Familiar y Women’s Medical Pavilion. El informe halló expedientes sin indicación terapéutica ni justificación médica, además de deficiencias en la custodia y destrucción indebida de expedientes de menores.
De acuerdo con el referido, “existe evidencia clara y contundente” de que las clínicas están realizando abortos bajo condiciones que podrían constituir delito. La auditoría analizó 15 expedientes —cinco en Darlington Medical Associates y diez en Women’s Medical Pavilion—, aunque no se especificó la cantidad revisada en Planificación Familiar.
Rodríguez Veve también destacó que Darlington Medical Associates reportó un aumento de 339 abortos en 2022 a 1,426 en 2024 y es la única clínica que realiza abortos después de las 15 semanas de gestación. Datos del Departamento de Salud indican un incremento general de las terminaciones de embarazo: 4,931 en 2022; 5,059 en 2023; y 5,706 en 2024.
Algunos grupos argumentan que el aborto es ilegal en Puerto Rico desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó en 2022 el reconocimiento al derecho constitucional al aborto, considerando esa decisión como un efecto sobre el caso Pueblo vs. Duarte Mendoza, vigente desde 1980. No obstante, juristas y médicos sostienen que el procedimiento continúa siendo legal en la isla, pues el Código Penal permite su práctica cuando se busca preservar la vida o la salud —incluida la salud mental— de la persona embarazada.
