El gobierno de Jenniffer González acudió al Tribunal de Apelaciones para solicitar la revocación del dictamen que obliga al Departamento de Hacienda a entregar la información contributiva de Antonio Sagardía, exsecretario del Departamento de Justicia y contratista del gobierno.
Más temprano, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, había adelantado que se reuniría durante la tarde con funcionarios –cuyas identidades no reveló– para discutir si se apelaría la orden judicial. Esta orden, emitida por la jueza Iris Cancio González del Tribunal de San Juan, concedió al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, un plazo de 48 horas para entregar los documentos, bajo apercibimiento de ser declarado en desacato civil. El término vence este martes.
Según el recurso legal presentado, el gobierno –representado por la Oficina del Procurador General– argumenta que la solicitud del Senado para acceder a la información de Sagardía “no especifica el propósito ni la necesidad” de los datos requeridos.
“El Departamento de Hacienda está impedido de divulgar la información solicitada por tratarse de información confidencial protegida por el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 y por el derecho constitucional de la intimidad”, establece el documento, firmado por el procurador general, Omar Andino Figueroa; la procuradora general auxiliar, Sofía Cardona Rosa, y los subprocuradores Edwin B. Mojica Camps y Frank A. Rosado Méndez.
La administración ha sostenido que divulgar esos documentos violaría derechos de terceros y expondría información de carácter confidencial y protegida por la Constitución. No obstante, el Senado defiende su facultad para investigar y fiscalizar el manejo de fondos públicos. Al respecto, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, insistió en que llevará el asunto “hasta las últimas consecuencias”.
