Más de 30 organizaciones de salud y derechos humanos denunciaron que las recientes leyes aprobadas sobre salud reproductiva en Puerto Rico agravan la ya limitada disponibilidad de servicios médicos. Según indicaron, las nuevas disposiciones generan incertidumbre entre profesionales de la salud y dificultan el acceso de pacientes a los servicios.
La denuncia se da en medio de una crisis obstétrica marcada por el cierre de al menos 12 salas de parto en los últimos años, la falta de personal especializado y los altos costos operativos. Las organizaciones advierten que las leyes profundizan las debilidades de un sistema que ya es frágil.
Entre las medidas señaladas figuran la Ley 18-2026, firmada en enero, que clasifica al concebido como “ser humano” y tipifica su muerte intencional como asesinato, y la Ley 122-2025, que obliga al consentimiento parental y notificación al Departamento de la Familia en casos de terminación de embarazo en menores de 15 años.
“Estas leyes crean confusión y son intencionalmente amplias, causando dudas sobre cómo las personas pueden ejercer su autonomía”, expresó Pili Montilla, del Instituto Nacional Latinoamericano por la Justicia Reproductiva, durante una conferencia convocada por la Colectiva Feminista en Construcción en Casa Cole, Río Piedras.
Las organizaciones sostienen que la confusión legal y el temor a repercusiones judiciales pueden derivar en prácticas de medicina defensiva, negación o retraso de servicios y una menor disponibilidad de proveedores. “Las salas de parto continúan cerrándose. Las personas deben viajar más lejos y esperar más tiempo. Hay menos ginecólogos obstetras disponibles”, señaló Tania de Jesús, directora de Caderamen.
Aunque las legislaciones apuntan a la criminalización del aborto, las entidades aclararon que la práctica sigue siendo legal en Puerto Rico.
También denunciaron las restricciones a la educación sexual en las escuelas públicas, lo que reduce estrategias de prevención y limita el acceso a información. “Es vital la educación con perspectiva de género y la educación sexual integral. El 52% de los casos de agresiones sexuales a menores ocurren en el hogar. Exigimos que esta educación sea pública y accesible”, manifestó la licenciada Rosa Seguí Cordero, portavoz de Aborto Libre Puerto Rico.
Enid Pérez Rodríguez, directora ejecutiva de Proyecto Matria, insistió en que, pese a las limitaciones gubernamentales, las comunidades deben impulsar estos programas: “No tenemos derecho a hablar de educación sexual integral en las escuelas, y eso limita la prevención de violencia sexual. Vamos a promoverla desde todos los espacios posibles”.
Para visibilizar sus reclamos, la Colectiva Feminista en Construcción, Aborto Libre Puerto Rico y otras organizaciones convocaron la Marcha por la Justicia Reproductiva para este jueves a las 5:00 p.m., desde la avenida Muñoz Rivera hasta la plaza frente a la Iglesia Santa Rita.
