La Cámara de Representantes enfrentó este martes un nuevo obstáculo en su investigación sobre presuntas irregularidades en centros de inspección vehicular, luego de que el exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Arturo Deliz Vélez, no acudiera a la citación de la Comisión de Transportación.
Deliz Vélez fue el funcionario que investigó el centro de inspección Yabucoa Auto Services, que hasta noviembre de 2025 estuvo a nombre de Ciary Pérez Peña, exsecretaria del Departamento de la Vivienda. Pérez Peña renunció poco después de que surgiera la controversia por la supuesta venta de marbetes fraudulentos en esa instalación.
En una carta enviada por su abogada, Lindsay López Murillo, Deliz Vélez explicó que no podía comparecer porque es testigo en la pesquisa que el Departamento de Justicia lleva de forma paralela sobre estos hechos. Señaló que su testimonio ante la comisión podría violar el deber de confidencialidad impuesto por las autoridades.
“Su participación como testigo en estas vistas lo expone a incumplir con las instrucciones brindadas al señor Deliz Vélez de no testificar sobre los hechos que forman parte de su testimonio ante la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia”, indicó la misiva distribuida a los medios.
El presidente de la Comisión de Transportación, José “Cheíto” Hernández, consideró injustificado el argumento. “Ellos fueron muy vocales en pedir la vista e, incluso, hicieron un ‘media tour’, y ahora me dicen que no pueden. Yo creo que es importante ser responsable desde el principio”, expresó el legislador.
Según la carta, Deliz Vélez fue entrevistado entre el 16 y el 31 de marzo por la fiscal de la División de Integridad Pública y fue advertido de no comentar sobre esas entrevistas. Además, Justicia recomendó recientemente la asignación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para Pérez Peña, lo que mantiene confidencial el proceso.
Ante la incomparecencia, Hernández adelantó que volverá a citar a Deliz Vélez y a su abogada. Explicó que el objetivo era conocer cómo el DTOP manejó las inspecciones en los distintos centros alrededor de la isla. El representante también mencionó que aún existen dudas sobre presuntas presiones a los 68 centros multados por irregularidades en la emisión de marbetes sin usar los equipos apropiados.
Yabucoa Auto Services habría emitido más de 1,900 marbetes fraudulentos. Por ello, recibió una multa de $987,500, que supuestamente se redujo a $5,000 mediante una transacción.
