Uno de los sospechosos en el caso del asesinato del agente Eddie Santiago Rentas, ocurrido en Ponce, fue ingresado a prisión federal sin derecho a fianza por cargos de violación a la ley de armas.
El magistrado Marshal Morgan emitió la orden de detención contra Efrén Coimbre Lugo tras la vista celebrada el lunes en el Tribunal Federal en Hato Rey. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó que se mantuviera detenido sin libertad condicionada, mientras que su abogado, Leonardo Aldridge, indicó que no pediría fianza por el momento.
Coimbre Lugo ya se encontraba bajo libertad supervisada por un caso anterior, lo que agravó su situación judicial. La Oficina de Probatoria solicitó una orden de arresto para determinar si se le revocará dicha libertad, que debía concluir en junio de este año.
En 2024, Coimbre Lugo fue acusado por posesión ilegal de un arma de fuego, se declaró culpable y fue sentenciado a un año y ocho meses de prisión, seguido por un año de libertad condicionada. Sin embargo, una nueva moción de Probatoria alertó a la jueza federal María Antongiorgi Jordán sobre una presunta violación de ley, luego de una denuncia radicada por el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
Según los cargos, el acusado confesó haber sido el conductor del vehículo en el que viajaban los otros dos sospechosos del caso, identificados como José Ángel Colón Arroyo, alias “Coco”, de 23 años, y Noé Emmanuel Torres Santiago, de 24. Coimbre Lugo admitió haber participado como conductor durante la venta ilegal de un arma de fuego a un agente encubierto.
Durante el intercambio de disparos ocurrido durante la transacción, Colón Arroyo supuestamente disparó y mató al agente Eddie Santiago Rentas. Agrega la declaración jurada del ATF que Coimbre Lugo participó en la planificación y ejecución del intento de robo, y sabía que dos de las armas utilizadas tenían el número de serie mutilado y estaban modificadas para disparar de forma automática.
“Él, a sabiendas, ayudó e instigó el robo y la posesión de las armas de fuego”, señala la moción de Probatoria. En el documento también se argumenta que su conducta representa una amenaza significativa para la seguridad pública y se pide su arresto para que comparezca ante el tribunal y explique por qué no se debe revocar su libertad condicional.
Mientras tanto, los otros dos sospechosos permanecen hospitalizados por heridas recibidas durante el intercambio armado. Una vez sean dados de alta, el Departamento de Justicia de Puerto Rico prevé radicarles cargos por asesinato y entregarlos a las autoridades federales.
