El Senado aprobó este lunes una legislación que propone incluir las computadoras portátiles y las tabletas entre los materiales escolares exentos del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) durante los períodos establecidos por el Departamento de Hacienda. La medida aún requiere la aprobación de la Cámara de Representantes y la firma de la gobernadora Jenniffer González.
El Proyecto del Senado 947, presentado por la senadora Jamie Barlucea, redefine la exención contributiva al añadir la categoría de “materiales escolares electrónicos” al Código de Rentas Internas. El propósito, según el texto legislativo, es reflejar la realidad educativa actual, donde las herramientas digitales son indispensables para el aprendizaje en los niveles primario y secundario.
El beneficio se aplicaría dos veces al año, un día en enero y otro en julio. Originalmente, se había contemplado extender la exención a cuatro días, pero la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) estimó que ello provocaría una merma de $788,720 en el Fondo General. Al limitarlo a un solo día por período, la pérdida proyectada se reduce a $146,555 para el Fondo General y $13,958 para los municipios.
“El ajuste permite armonizar la responsabilidad fiscal con un propósito de alto interés público, al facilitar el acceso de los estudiantes a herramientas tecnológicas esenciales”, detalla el informe de la Comisión de Hacienda, presidida por la senadora Migdalia Padilla. La medida fue aprobada de manera unánime con 27 votos.
En la misma sesión, el Senado también aprobó el Proyecto del Senado 816, del senador Ángel Toledo, que establece los criterios mediante los cuales el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) determinará las cuantías de las multas por violaciones a leyes, reglamentos u órdenes bajo su jurisdicción.
El proyecto dispone que las infracciones “graves” podrán ser sancionadas con multas de hasta $10,000, sin que sean menores a $5,000. Entre esas infracciones se incluyen violar órdenes o leyes durante estados de emergencia, ofrecer información falsa al DACO o impedir investigaciones. Las multas podrán aumentarse en un 25% por circunstancias agravantes, o reducirse si el infractor corrige la violación en menos de 15 días y no es reincidente. Se considerará reincidente a quien incurra en dos o más faltas en un periodo de cinco años.
El Proyecto del Senado 816 contó con 21 votos a favor y seis en contra.
