El Tribunal Supremo escuchó nuevamente los argumentos en torno a si el presidente Donald Trump puede negar la ciudadanía estadounidense a los hijos nacidos en el país de padres que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal o temporal.
El caso, visto el miércoles, surge de una orden ejecutiva firmada por Trump en el primer día de su segundo mandato, mediante la cual buscaba poner fin a la política de ciudadanía por derecho de nacimiento. Esta norma, vigente desde hace más de un siglo, garantiza la ciudadanía a casi todas las personas nacidas en territorio estadounidense.
El principio se basa en el ius soli (“derecho de suelo”) y quedó incorporado en la Constitución después de la Guerra Civil, con el propósito de asegurar que los antiguos esclavos obtuvieran la ciudadanía. La 14ª Enmienda establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos”.
El precedente legal clave data de finales del siglo XIX, cuando Wong Kim Ark, nacido en California de padres chinos, demandó al gobierno tras impedírsele regresar al país. El Tribunal Supremo resolvió que la Constitución otorga la ciudadanía a todo nacido en suelo estadounidense, sin importar la situación migratoria de sus padres. La norma solo excluye casos específicos, como los hijos de diplomáticos extranjeros.
Aunque el derecho de nacimiento es parte esencial de la legislación de Estados Unidos, pocos países lo aplican. Solo unas tres docenas, la mayoría en América, conceden la ciudadanía automática por nacer en su territorio. En contraste, la mayoría de las naciones del mundo siguen el principio del ius sanguinis (“derecho de sangre”), que determina la nacionalidad según la de los padres. Ningún país de la Unión Europea otorga actualmente ciudadanía automática a hijos de extranjeros, y la tendencia es similar en Asia, Oriente Medio y África.
Algunos países adoptan modelos intermedios. Australia permitió la ciudadanía por nacimiento hasta 1986, pero la limitó solo a niños con al menos un progenitor ciudadano o residente permanente. Alemania, por su parte, reformó sus leyes en 2024: desde entonces, concede la nacionalidad a hijos de extranjeros si uno de los padres ha vivido legalmente en el país durante más de cinco años. Según el gobierno alemán, la medida busca mejorar las oportunidades educativas y de integración de los hijos de inmigrantes.
En Estados Unidos, los defensores de limitar el derecho de nacimiento se apoyan en la frase “sujetos a su jurisdicción” de la 14ª Enmienda, argumentando que permite excluir de la ciudadanía a los hijos de personas sin estatus legal. Sin embargo, tribunales federales han bloqueado la aplicación de la orden ejecutiva. Un juez en New Hampshire dictaminó que la disposición “probablemente viola” tanto la Constitución como la ley federal.
Con la revisión del Tribunal Supremo, el debate sobre quién puede ser considerado ciudadano por nacer en suelo estadounidense entra en una nueva y decisiva fase.
