En las últimas tres décadas, la toma de muestras de ADN a delincuentes condenados se ha vuelto común en Estados Unidos. Hoy, varios estados también lo hacen con detenidos por delitos graves. Sin embargo, una propuesta en Georgia va más allá: permitiría recoger ADN de personas acusadas de delitos menores, pero solo si las autoridades federales de inmigración desean retenerlas. La medida podría incluir a inmigrantes que finalmente no sean deportados.
Si la legislación se aprueba, Georgia se convertiría en el tercer estado en aplicar esta política, junto con Florida —que la adoptó en 2023— y Oklahoma, que la autorizó en 2009 aunque aún depende de fondos. La propuesta surge en un contexto en el que la administración del presidente Donald Trump busca ampliar el uso del ADN y la biometría en la aplicación de leyes migratorias, como parte de su plan para deportar a millones de personas.
“Es un ejemplo de cómo las agencias gubernamentales de todos los niveles están recogiendo ADN en distintos contextos”, explicó Stevie Glaberson, directora de investigación y defensa del Centro de Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de Georgetown. Desde 1998, el FBI mantiene el Sistema Nacional de Índices de ADN, con más de 26 millones de perfiles, muchos provenientes de condenados por delitos.
Durante el primer mandato de Trump, una norma eliminó excepciones que antes limitaban la colecta de ADN de inmigrantes. Entre 2020 y 2025, el Departamento de Seguridad Nacional incorporó más de 2.6 millones de perfiles de detenidos a la base de datos nacional, según el Center on Privacy and Technology.
Actualmente, solo diez estados recogen ADN de personas acusadas de ciertos delitos menores, y ninguno lo hace de forma generalizada. Con la ley de Georgia, se obtendrían muestras genéticas de inmigrantes acusados de cualquier delito menor o grave si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no los recoge en 48 horas tras emitir una orden de retención.
El senador estatal republicano Tim Bearden, impulsor de la medida, afirmó que el objetivo es resolver crímenes más rápido. “La tecnología evoluciona, y el ADN es fundamental para hacer justicia a las víctimas en este estado y en todo el país”, aseguró.
Pero los críticos advierten que podría extender la práctica a infracciones mínimas. Mazie Lynn Guertin, directora de la Asociación de Abogados de Defensa Penal de Georgia, señaló que el plan permitiría recoger ADN incluso por infracciones de tráfico. “No creemos que una luz trasera rota deba conducir a una prueba de ADN”, dijo. También, Kyle Gómez-Leineweber, de Common Cause Georgia, advirtió que esto crearía “un sistema de dos niveles” basado en la percepción del estatus migratorio.
El debate incluye cuestionamientos constitucionales. El Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló en 2013 una ley de Maryland que permite tomar ADN a acusados por delitos graves, siempre que se borren los datos si no son condenados. Sin embargo, especialistas señalan que las detenciones civiles de inmigrantes podrían no cumplir el requisito de causa probable bajo la Cuarta Enmienda. “No parece haber una justificación real para que los estados impongan la recolección de ADN de no ciudadanos acusados de infracciones menores”, afirmó Jorge Loweree, del Consejo Americano de Inmigración.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional insiste en que la cooperación con las agencias del orden es esencial para “detener a delincuentes extranjeros ilegales en todo el país”.
