La gobernadora Jenniffer González informó este sábado que el gobierno federal impidió su intento de pagarles con fondos estatales a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en Puerto Rico, afectados por el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Durante una conferencia de prensa, tras inaugurar la torre de control del aeropuerto internacional Rafael Hernández en Aguadilla, González explicó: “Como gobernadora, cursé una petición para ver si podíamos pagarles a los empleados de TSA por el tiempo que no estuvieran ejerciendo sus funciones y que el gobierno de Puerto Rico asumía ese pago. Sin embargo, nos fue denegada la petición por la agencia federal, porque eso contraviene la reglamentación federal. No nos dejaron”.
La mandataria calificó de “buenísima idea” la propuesta del presidente Donald Trump de enviar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los aeropuertos para mitigar la falta de personal. A su juicio, la situación ha provocado una crisis en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, donde las filas de pasajeros se extienden por horas y representan “un nuevo riesgo de seguridad pública”.
Según González, no se pudo proceder con el pago porque los empleados de TSA son parte del personal de seguridad nacional. Sin embargo, aseguró que no se anticipa un cierre del aeropuerto. El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, indicó que los aeropuertos de Aguadilla y Ponce no se han visto afectados.
La gobernadora recordó que, durante el cierre federal de 2025, el más largo en la historia de Estados Unidos, el gobierno de Puerto Rico sí logró cubrir el salario de los empleados del Bosque Nacional El Yunque y de los castillos San Felipe del Morro y San Cristóbal con fondos de la Compañía de Turismo.
“El tranque al presupuesto del DHS está haciendo la vida difícil a los pasajeros, que tienen que llegar con cuatro horas de anticipación al aeropuerto”, dijo González. El cierre federal, que lleva 36 días, afecta exclusivamente a esa agencia, que agrupa a ICE y TSA.
Mientras, la gobernadora ordenó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados prorratear los pagos de los empleados del DHS en la isla “para que no se afecte su crédito”, y dispuso que los departamentos de Agricultura y de la Familia distribuyan canastas de alimentos entre las familias necesitadas.
Este sábado, las filas en el aeropuerto Luis Muñoz Marín llegaron a durar hasta tres horas. Aerostar, la compañía operadora, instaló carpas adicionales para manejar el flujo de viajeros. Su presidente, Jorge Hernández, advirtió que con el aumento del tráfico hacia la Semana Santa “podríamos ver filas que se extiendan hasta la calle” y que ya se trabaja en un plan logístico con apoyo de la policía estatal y municipal para mantener el orden y reforzar la seguridad.
