La gobernadora Jenniffer González informó que el gobierno federal impidió su intento de pagar con fondos estatales a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) que laboran en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín durante el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
“Como gobernadora, cursé una petición para ver si podíamos pagarles a los empleados de TSA por el tiempo que no estuvieran ejerciendo sus funciones y que el gobierno de Puerto Rico asumía ese pago. Sin embargo, nos fue denegada la petición por la agencia federal, porque eso contraviene la reglamentación federal. No nos dejaron”, expresó González en conferencia de prensa tras inaugurar la torre de control del aeropuerto internacional Rafael Hernández, en Aguadilla.
La mandataria calificó la situación como “triste” y explicó que no se permitió el pago porque estos empleados pertenecen a una agencia de seguridad nacional. Aun así, aseguró que no se prevé un cierre del aeropuerto en Isla Verde. El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, indicó que las operaciones en Aguadilla y Ponce no se han visto afectadas.
González apoyó la propuesta del presidente Donald Trump de enviar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) a los aeropuertos para atender la escasez de personal de TSA, lo que describió como una “buenísima idea”.
La gobernadora advirtió que las extensas filas de pasajeros en el Luis Muñoz Marín constituyen “un nuevo riesgo de seguridad pública”, aunque reconoció que algunos empleados federales continúan trabajando sin recibir salario. Recordó que, durante el cierre federal de 2025, Puerto Rico utilizó fondos de la Compañía de Turismo para cubrir los salarios de los empleados del Bosque Nacional El Yunque y los castillos San Felipe del Morro y San Cristóbal.
Ante la prolongación del actual cierre –que ya suma 36 días–, González ordenó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados prorratear los pagos de empleados del DHS para evitar que afecten su crédito. Además, los departamentos de Agricultura y de la Familia entregarán canastas de alimentos a las familias necesitadas.
El viernes, el presidente de Aerostar, Jorge Hernández, informó que las filas en el aeropuerto de Isla Verde se extienden por hasta tres horas, por lo que la empresa colocó carpas adicionales y refuerza el personal y la seguridad con apoyo de la Policía municipal y estatal. “Podríamos ver filas que se extiendan hasta la calle. Estamos delineando un plan para mantener el orden, facilitar el flujo de pasajeros y reforzar la seguridad”, dijo Hernández, al tiempo que adelantó que el tráfico aéreo podría aumentar significativamente con la llegada de la Semana Santa.
El cierre federal afecta solamente al DHS, bajo cuya sombrilla operan las agencias ICE y TSA. Los demócratas en el Congreso han advertido que no asignarán nuevos fondos a la agencia hasta que se aprueben restricciones a las operaciones de ICE tras los incidentes mortales de Alex Pretti y Renee Good, ocurridos a inicios de este año en Minneapolis.
