MIAMI – Human Rights Watch denunció que ciudadanos salvadoreños deportados desde Estados Unidos han sido detenidos arbitrariamente y desaparecido en el sistema penitenciario de El Salvador. El informe, divulgado este lunes, indica que algunos detenidos fueron enviados al Centro de Reclusión Antiterrorista (CECOT), la megaprisión construida por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Según la organización con sede en Nueva York, los casos documentados pertenecen a parte de los más de 9,000 salvadoreños deportados desde el inicio de la segunda administración del presidente Donald Trump, en enero de 2025. La entidad entrevistó a familiares y abogados de 11 deportados entre marzo y octubre de 2025, quienes fueron arrestados inmediatamente después de llegar a su país. Los detenidos no tienen comunicación con sus familias ni acceso a representación legal.
“Las personas tienen derecho al debido proceso, a ser llevadas ante un juez, y sus familiares tienen derecho a saber dónde están y por qué fueron detenidas”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “La deportación no puede significar desaparición forzada”. La Oficina Presidencial de El Salvador no respondió a solicitudes de comentarios sobre el informe.
Desde que el presidente Nayib Bukele decretó el estado de excepción en marzo de 2022 para enfrentar las pandillas, miles de personas han sido arrestadas sin las debidas garantías. La medida, que originalmente era temporal, ha sido prorrogada por casi cuatro años y ha llevado al encarcelamiento de unas 91,300 personas; Bukele asegura que alrededor de 8,000 inocentes han sido posteriormente liberados.
El informe señala que la mayoría de los arrestos se basan en acusaciones vagas y con escaso sustento, y que los procesos judiciales masivos dificultan la defensa legal. Organizaciones de derechos humanos han documentado golpizas, abusos sexuales y pésimas condiciones de reclusión. Los familiares, muchos de ellos en Estados Unidos, viven con la incertidumbre de no saber si volverán a ver a sus seres queridos.
Una madre de Maryland relató que su hijo fue deportado el 15 de marzo de 2025 y desde entonces no ha tenido noticias de él. “Quiero información. Quiero que alguien me diga que mi hijo está bien, que está vivo”, dijo. Supo que su hijo estaba detenido cuando reconoció su rostro en una fotografía compartida por el presidente Bukele en redes sociales.
Human Rights Watch informó además que las autoridades salvadoreñas no han presentado pruebas de que alguno de los detenidos haya comparecido ante un tribunal. En algunos casos, las familias lograron ubicar a los deportados mediante gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aunque la administración Trump afirma que varios deportados eran miembros de la pandilla MS-13, el informe destaca que solo el 10.5% de los 9,000 salvadoreños retornados tenía condenas por delitos violentos en Estados Unidos.
Otra madre, residente en Texas, dijo que también descubrió la deportación de su hijo a través de una publicación en Internet que mostraba imágenes de presos en el CECOT. “Nunca he hablado con él”, lamentó. “El silencio es total. No sabemos nada de él, no sabemos qué va a pasar”.
Human Rights Watch reitera que las autoridades salvadoreñas deben garantizar el acceso de los detenidos a un juez y al debido proceso, y poner fin a las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en el marco del estado de excepción.
