WASHINGTON – La administración de Donald Trump ha impulsado una ambiciosa agenda de deportaciones, con metas de expulsar a un millón de personas y reportar cero liberaciones en la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, investigadores y expertos denuncian que el gobierno ha reducido la publicación de datos confiables sobre inmigración, dificultando el seguimiento y la rendición de cuentas.
“El Departamento de Seguridad Nacional no está publicando los datos”, advirtió Mike Howell, director del conservador Oversight Project. Según explicó, las cifras divulgadas en comunicados carecen de sustento estadístico y varían sin explicación.
La falta de información afecta a una oficina que ha rastreado los movimientos migratorios desde el siglo XIX. La Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, encargada de publicar informes sobre expulsiones y nacionalidades, no actualiza sus principales métricas desde principios del año pasado. Una nota en su portal señala que los reportes están “retrasados mientras se revisan”.
Austin Kocher, investigador de la Universidad de Syracuse, lamentó la ausencia de los informes mensuales que consideraba “los datos más fiables” sobre la aplicación de la ley migratoria.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzó en 2023 un panel interactivo que calificó como una “nueva era en transparencia”, pero sus últimos registros datan de enero de 2025 y el informe anual aún no ha sido publicado.
Otros organismos, como Aduanas y Protección de Fronteras o el Departamento de Justicia, continúan publicando parte de sus datos, aunque expertos aseguran que los procesos se han ralentizado. El Departamento de Estado no actualiza la emisión de visados desde agosto, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración no presenta nuevas cifras desde octubre.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en una comparecencia ante el Congreso que se habían deportado 700,000 personas, aunque días antes su propio departamento había difundido cifras distintas. Un análisis de Associated Press estima que, durante el primer año del mandato, las expulsiones alcanzaron unas 400,000 personas. Además, el DHS afirmó que 2.2 millones regresaron voluntariamente a sus países, aunque sin ofrecer evidencia de esas cifras.
Ante la falta de datos, proyectos académicos han recurrido a demandas amparadas en la Ley de Libertad de Información para obtener registros. El Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley logró acceder parcialmente a información del ICE, pero solo hasta octubre de 2025.
“La transparencia siempre ha sido un reto, pero con las metas actuales de deportación se volvió esencial verificar las cifras”, señaló Graeme Blair, codirector de la iniciativa. Investigadores y defensores concuerdan en que operar sin datos confiables deja al país “a oscuras” sobre cómo se están aplicando las políticas migratorias en uno de los temas más controversiales del segundo mandato de Trump.
