Nueva York — En medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha sacudido los mercados energéticos globales y las cadenas de suministro, la administración de Donald Trump considera suspender temporalmente los requisitos de transporte marítimo establecidos por la Ley Jones, una normativa de más de un siglo de antigüedad.
Aprobada en 1920 como la Ley de la Marina Mercante y patrocinada por el senador Wesley Jones, la medida obliga a que las mercancías transportadas entre puertos estadounidenses viajen en barcos de bandera y propiedad estadounidense, construidos también en el país y tripulados por ciudadanos estadounidenses. Su propósito original fue proteger la flota nacional tras la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, críticos sostienen que encarece el transporte y ha dificultado la llegada de ayuda en emergencias, además de elevar los precios del combustible.
La Casa Blanca confirmó que evalúa una exención temporal para aliviar el impacto del encarecimiento del petróleo y los retrasos en las rutas de carga provocados por el conflicto. Según la Administración Marítima estadounidense, la ley puede suspenderse en “interés de la defensa nacional”, previa autorización del Departamento de Seguridad Nacional o del de Defensa.
El interés de Trump surge mientras el precio del barril ronda los 100 dólares, tras ubicarse cerca de 70 antes del inicio del conflicto. La media nacional de la gasolina en Estados Unidos alcanzó 3.63 dólares por galón, un aumento de 69 centavos en un mes, según la AAA. Consultado el viernes, el presidente indicó que “echará un vistazo a todo”, y calificó la Ley Jones como “restrictiva”, aunque reconoció que tiene “enorme apoyo” en el Congreso.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, añadió que la administración estudia la exención para asegurar que productos energéticos y agrícolas sigan fluyendo hacia los puertos estadounidenses, sin precisar fechas.
Expertos coinciden en que una suspensión podría aliviar parcialmente los costos del transporte marítimo, pero no resolvería los aumentos del combustible. El Center for American Progress calcula que derogar la Ley Jones reduciría el precio de la gasolina en la Costa Este en apenas tres centavos por galón, y podría aumentar los costos en la Costa del Golfo. El grupo advirtió que la industria petrolera podría beneficiarse por la baja en costos de transporte, mientras los trabajadores y constructores navales estadounidenses resultarían afectados.
En paralelo, el Departamento del Tesoro anunció una licencia temporal para flexibilizar sanciones al petróleo ruso durante un mes, medida que se suma al permiso concedido a la India para comprar ese crudo. Además, la Agencia Internacional de la Energía acordó liberar 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de sus miembros, de los cuales Estados Unidos contribuirá 172 millones durante 120 días.
Analistas consideran que estas medidas solo ofrecerán un alivio temporal, ya que las refinerías operan con compras adelantadas y la nueva oferta tardará en reflejarse en los precios al consumidor. Si la guerra se prolonga, advierten, los aumentos podrían profundizarse.
Aunque Estados Unidos es exportador neto de petróleo, su economía sigue expuesta a las fluctuaciones globales. Gran parte de su producción es de crudo ligero, mientras sus refinerías, principalmente en las costas este y oeste, están diseñadas para procesar petróleo más pesado, lo que obliga a mantener importaciones.
Esta noticia fue traducida del inglés al español mediante herramientas de inteligencia artificial y revisada por un editor antes de su publicación.
