Al menos 200 personas murieron el martes tras el derrumbe de una mina de coltán en la región de Rubaya, en el este de la República Democrática del Congo, según informaron las autoridades congoleñas. El desastre se registró en una zona controlada por el grupo rebelde M23, que ha negado la magnitud de las víctimas.
De acuerdo con el Ministerio de Minas, el colapso es uno de los más graves ocurridos recientemente en los territorios ricos en minerales del país. Sin embargo, Fanny Kaj, alta funcionaria del M23, rechazó la cifra oficial y sostuvo que el incidente fue provocado por “bombardeos”, asegurando que solo cinco personas murieron.
“Puedo confirmar que lo que la gente está publicando no es cierto. No hubo deslizamiento de tierra; hubo bombardeos, y el número de muertos no es el que la gente está diciendo”, declaró Kaj.
En contraste, Ibrahim Taluseke, un minero que trabajaba en la zona, dijo haber ayudado a recuperar más de 200 cuerpos. “Tenemos miedo, pero son vidas las que están en peligro. Los dueños de las minas no aceptan que se revele el número exacto de muertes”, comentó.
Rubaya se encuentra en una región minera estratégica del este del Congo, asolada por décadas de conflictos entre fuerzas gubernamentales y grupos armados. El M23, respaldado por Ruanda, tomó el control de la ciudad y sus minas en mayo de 2024. Según un informe de la ONU, los rebeldes imponen impuestos al comercio y transporte de coltán, generando ingresos mensuales de al menos 800,000 dólares.
La República Democrática del Congo produce alrededor del 40% del coltán mundial, un mineral que contiene tantalio, esencial para fabricar teléfonos inteligentes, computadoras y motores de aeronaves. Solo las minas de Rubaya aportan más del 15% del suministro global de tantalio, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
El este del país vive una prolongada crisis humanitaria, con más de siete millones de desplazados. A pesar del acuerdo de paz firmado en junio entre los gobiernos de Congo y Ruanda, mediado por Estados Unidos, los combates continúan. Además de las pérdidas humanas, el acuerdo también abre el acceso a minerales críticos para el gobierno y las empresas estadounidenses.
Un mes antes, otro derrumbe similar en la zona dejó más de 200 muertos, reflejando la precariedad y los riesgos que enfrentan los trabajadores en estas minas controladas por grupos armados.
