El representante Eddie Charbonier presentó una medida legislativa que busca crear una plataforma gratuita para que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informe a sus abonados, en tiempo real, sobre interrupciones en el servicio de agua potable, trabajos programados y métricas de desempeño.
El Proyecto de la Cámara 1165 propone establecer la “Ley de Transparencia Operacional del Servicio de Agua Potable”, que obligaría a la AAA a publicar un mapa geográfico actualizado con las áreas sin servicio, la causa preliminar de la interrupción, el número de abonados afectados, la estimación de restablecimiento y el estatus de reparación.
“Las personas necesitan saber si la corporación pública realizará trabajos u obras que puedan interrumpir el servicio para prepararse con tiempo. Un sistema con datos sencillos y publicados en tiempo real permitirá a los abonados estar listos, almacenar agua y planificar sin depender de rumores”, señaló Charbonier, representante del Distrito 1 de San Juan.
La medida surge en momentos en que la AAA y su presidente ejecutivo, Luis González Delgado, enfrentan críticas por los problemas de suministro, especialmente en la capital. El alcalde de San Juan, Miguel Romero, ha denunciado que la corporación desactivó el sistema de telemetría que reportaba los abastos, alegando la creación de una nueva plataforma.
Charbonier también fue autor de la Resolución de la Cámara 627, aprobada por unanimidad, que cita a González Delgado a comparecer ante la Legislatura para ofrecer explicaciones sobre la situación del servicio.
El legislador comparó la falta de transparencia en la AAA con el sistema eléctrico, que según la Ley 17 de 2019 está obligado a compartir métricas accesibles de desempeño. “En el caso del agua potable no contamos con herramientas equivalentes. Esa ausencia impide que los ciudadanos y sectores esenciales planifiquen ante interrupciones previsibles y limita la fiscalización pública”, afirmó.
El proyecto dispone que los trabajos programados sean anunciados con al menos 48 horas de anticipación e incluyan los sectores impactados, duración estimada y medidas de mitigación. Además, ordena que las interrupciones imprevistas se publiquen en un máximo de 60 minutos desde que la AAA tenga conocimiento del evento.
La Oficina del Procurador del Ciudadano supervisaría el cumplimiento de estas disposiciones, con facultad para requerir información, realizar auditorías y emitir informes públicos. El incumplimiento reiterado sería considerado negligencia administrativa grave y podría implicar multas o referidos a la Oficina de Ética Gubernamental.
