El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó el Proyecto del Senado 1096, una medida que propone un nuevo «modelo de gobernanza» para el Poder Judicial. Entre sus principales cambios figura la eliminación de la categoría de juez municipal y la revisión de las facultades administrativas del juez presidente del Tribunal Supremo.
La pieza legislativa plantea crear el Patronato del Poder Judicial, entidad que administraría donaciones y fondos públicos o privados para modernizar y mantener la infraestructura judicial. También impondría al Negociado de Traducciones del Tribunal Supremo la obligación de traducir decisiones certificadas en un máximo de 20 días y publicarlas en el portal oficial.
Rivera Schatz argumentó que la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado (Ley 201-2003) ha quedado obsoleta y que, en la práctica, ha otorgado al juez presidente facultades exclusivas que “transgredieron la letra y el espíritu de la Constitución”, al concentrar el poder en una sola figura. Según el legislador, la reforma busca restablecer la coadministración que la Constitución confiere al Tribunal Supremo en pleno y a su juez presidente.
Entre los cambios propuestos, se retiraría a la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez la facultad exclusiva de designar a los jueces administradores regionales del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones, cediendo esa responsabilidad al pleno del Supremo.
El proyecto también elimina la figura del juez municipal con el fin de unificar estructuras, estandarizar la carrera judicial y optimizar recursos. Los jueces municipales activos mantendrían sus funciones y salario ($107,844 anuales) hasta que se adopte el nuevo marco. Bajo la nueva ley, todos los jueces del Tribunal de Primera Instancia ganarían $126,875 anuales conforme a la Ley 101-2024. Además, el Tribunal Supremo podría otorgar un aumento de hasta 6% a quienes asuman funciones administrativas o especiales.
Durante una vista legislativa, Rivera Schatz señaló que actualmente “hay jueces municipales realizando funciones de jueces estatales, y viceversa”, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de unificar cargos. Extendió su crítica a la división por rangos entre fiscales, quienes, dijo, atienden los mismos casos pese a recibir distintos salarios.
El Patronato del Poder Judicial, incluido en la propuesta, manejaría aportaciones y donativos para promover la autosuficiencia económica de la rama judicial, incentivar la inversión en infraestructura y fortalecer la confianza ciudadana.
Tras la radicación del proyecto, el Colegio de Abogados y Abogadas pidió que se celebren vistas públicas amplias. En una carta al presidente senatorial, la organización sostuvo que la reforma “no es un mero ajuste administrativo, sino una reconfiguración de los pilares del acceso a la justicia y la independencia judicial”. La entidad adelantó que consultará a su matrícula antes de fijar su posición oficial sobre la medida.
