Nueva York — El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) presentó una demanda contra el estado de Nueva Jersey y su gobernadora, la demócrata Mikie Sherrill, por presuntamente interferir con la aplicación de las leyes federales de inmigración.
La querella, presentada en un tribunal federal, sostiene que una orden ejecutiva firmada por Sherrill en febrero prohíbe a los agentes federales realizar detenciones en propiedades estatales que no sean públicas y les impide usar dichas instalaciones como “área de preparación o base de operaciones”.
El Gobierno del presidente Donald Trump argumenta que la medida busca “obstruir de manera intencional” la aplicación de las leyes federales y “frustrar” la obligación del mandatario de asegurar que la ley migratoria se ejecute fielmente. Por ello, la administración republicana solicita que el tribunal declare inválida la orden y emita cualquier otra medida que considere justa.
En un comunicado, el DOJ criticó las llamadas políticas santuario de Nueva Jersey, calificándolas de ilegales. Según la agencia, la negativa del estado a cooperar con las autoridades migratorias ha resultado en “la liberación de delincuentes peligrosos que, de otro modo, estarían sujetos a deportación”.
La fiscal general, Pam Bondi, declaró que “los agentes arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Nueva Jersey y aun así sus líderes están implementando políticas diseñadas para obstruir y poner en peligro a las fuerzas del orden”.
La acción judicial ocurre meses después de que el gobierno de Trump demandara al estado de Nueva York por políticas similares que limitaban la actuación de agentes federales en tribunales locales y estatales. Sin embargo, un juez federal desestimó aquella demanda en noviembre, concluyendo que las políticas no violaban la Constitución.
Hasta el momento, la gobernadora Sherrill, quien asumió el cargo en enero, no ha emitido comentarios sobre la demanda.
