Sin un plan estatal de adaptación ante el cambio climático, la reciente decisión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de eliminar la llamada “determinación de peligro” tomada durante la administración de Donald Trump preocupa a expertos y defensores ambientales. Dicha medida sentaba las bases legales para limitar las emisiones de gases contaminantes responsables del calentamiento global.
La acción federal, que desmantela protecciones previamente establecidas, coloca nuevamente en una posición de riesgo a Puerto Rico, territorio especialmente sensible a los efectos del cambio climático debido a sus condiciones sociodemográficas y su exposición a eventos extremos, como el aumento de las temperaturas y la erosión costera.
Ambientalistas advirtieron que, sin un marco regulatorio robusto y sin un plan local de adaptación aprobado, la isla podría enfrentar mayores impactos en infraestructura, salud pública y biodiversidad, además de la pérdida acelerada de zonas costeras.
