Miami – Gobiernos locales, estatales y organizaciones civiles en distintas partes de Estados Unidos se manifestaron contra el plan de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que busca adquirir depósitos y almacenes en unas veinte ciudades para transformarlos en centros de detención de migrantes con fines de deportación.
Con un presupuesto de 38,300 millones de dólares incluido en el llamado “grande y hermoso proyecto de ley” de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impulsa la Iniciativa de Reingeniería de la Detención (DRI), que contempla un nuevo modelo migratorio basado en instalaciones no tradicionales.
Kevin Sartor, alcalde de Surprise (Arizona), donde el DHS pretende ubicar uno de esos centros con capacidad para 1,500 inmigrantes, afirmó que cientos de residentes acudieron al Concejo municipal para expresar su preocupación por el impacto del proyecto en la comunidad, la seguridad escolar y el valor de las propiedades. “No quieren un centro de detención en Surprise, no quieren otro centro más en Arizona”, advirtió.
Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, denunció que se trate de convertir almacenes sin conocer las condiciones en que operarán y recordó que el ICE tiene un historial “oscuro” en el estado. “Esta Administración está deteniendo a la gente, secuestrándola de las calles y trabajos, y luego desaparecen sin contacto con abogados ni familiares”, señaló.
La fiscal de Arizona, Kris Mayes, y la congresista Adelita Grijalva enviaron una carta al ICE solicitando información sobre la compra del almacén de Surprise. En New Hampshire, la gobernadora demócrata Kelly Ayotte publicó un documento del DHS que proyecta implementar la DRI para septiembre y resalta los supuestos beneficios económicos de adquirir un almacén en Merrimack.
De acuerdo con el plan, el Gobierno contempla la adquisición y renovación de ocho grandes centros de detención, 16 sitios de procesamiento y 10 instalaciones “llave en mano”. El DHS justifica el esfuerzo como una respuesta a la demanda de más espacio para alojar migrantes y acelerar los procesos de deportación.
En Surprise, grupos comunitarios advirtieron que el nuevo centro se ubicaría a solo 300 metros de una escuela donde el 60% de los estudiantes son de origen hispano. El almacén de casi 39,000 metros cuadrados fue adquirido por el DHS en enero por 70 millones de dólares, según registros del condado de Maricopa, sin previo aviso a la comunidad.
Iniciativas similares avanzan en Maryland, Florida y Texas. En el centro de Florida, funcionarios locales y congresistas federales denunciaron un plan de ICE para adquirir un almacén de 40,000 metros cuadrados cerca del aeropuerto de Orlando. Aunque el alcalde Buddy Dyer reconoció que no puede frenar una decisión federal, los congresistas Maxwell Frost y Darren Soto remitieron una carta al DHS oponiéndose “fuertemente” al centro, tras recordar abusos cometidos en sitios del ICE como el conocido “Alligator Alcatraz”, abierto en 2025 en Miami.
En Texas, una inmobiliaria a las afueras de Dallas desistió de vender un almacén al DHS tras semanas de presión pública. Según filtraciones a Bloomberg, el plan era transformarlo en el mayor centro de detención del país, con capacidad para más de 9,000 migrantes. Sin embargo, el Gobierno concretó otra compra en El Paso para una instalación con espacio para 8,500 personas privadas de libertad.
La oposición a la DRI continúa creciendo en varias jurisdicciones, con autoridades locales y organizaciones que demandan transparencia y rechazan el uso de recursos públicos para expandir la red de detención migratoria.
