Un choque de posturas se registró en la Cámara de Representantes por el Proyecto de la Cámara (PC) 1115, presentado por el representante Roberto López Román, del Partido Nuevo Progresista. La medida busca devolver a la Asamblea Legislativa la autoridad para fijar el salario mínimo en Puerto Rico, lo que actualmente recae en la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo creada bajo la Ley 47-2021.
López Román argumentó que la Comisión, adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, no ha funcionado a cabalidad porque no cuenta con todos sus miembros y no representa equitativamente a los distintos sectores. “En un principio, se creyó que iba a ser más ágil tener una junta, pero terminó no siéndolo. No es democrática porque los miembros no son electos. La única persona que tiene alguna inherencia es el gobernador, que los nombra, y el Senado, que los confirma”, indicó el legislador.
Añadió que cinco personas, en ausencia de dos designaciones, toman actualmente todas las decisiones relacionadas al salario mínimo, y recordó que en la última votación, el entonces secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado, se opuso al aumento a $10.50 la hora aprobado en 2024. Según López Román, el modelo de la Ley 47 priva a la Legislatura de intervenir y emitir recomendaciones sobre ajustes salariales. “Desde la Asamblea Legislativa y el gobierno central, escuchando a economistas, empresas privadas y uniones, podemos llegar a un punto medio”, afirmó.
Sin embargo, el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, quien impulsó la Ley 47, rechazó la propuesta y la catalogó como un “retroceso”. Recordó que antes de la aprobación de esa ley transcurrieron 13 años sin aumentos al salario mínimo, hasta que en 2022 subió a $8.50, en 2023 a $9.50 y en 2024 a $10.50 por hora. “El compañero muestra un total desconocimiento y este proyecto es un encargo de los grandes intereses que pretenden congelar el salario mínimo devolviéndolo a la Asamblea Legislativa”, expresó.
Ferrer Santiago defendió que la Ley 47 estableció criterios técnicos y límites específicos, como que ningún aumento podrá superar el 25% del salario vigente, y exige estudios sobre el mercado laboral, las planillas corporativas del Departamento de Hacienda y la inflación. “La ley permitió tres aumentos consecutivos y lo sacó de la politiquería, dejando que expertos determinen el salario basado en indicadores económicos”, añadió, reclamando al Ejecutivo que nombre los siete integrantes de la Comisión Evaluadora.
López Román informó que convocará vistas públicas para analizar el PC 1115 en la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales, que él preside, aunque aún sin fecha definida.




