Una jueza federal de Estados Unidos determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no podrá volver a detener al salvadoreño Kilmar Ábrego García, al considerar que el período legal de detención de 90 días ya expiró y que el Ejecutivo no cuenta con un plan realista para deportarlo.
La jueza de distrito Paula Xinis amplió así un fallo a favor de Ábrego García, quien ha enfrentado un complejo proceso migratorio desde que el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump lo deportó por error, junto a otros migrantes, a una prisión de máxima seguridad en El Salvador en marzo del año pasado.
En su orden judicial, Xinis señaló que ICE realizó “amenazas vacías una tras otra” al sugerir su envío a países africanos, pese a que no existía posibilidad real de ejecución. Para la magistrada, no hay “buenas razones para creer” que una eventual expulsión ocurra en un futuro cercano.
El Gobierno de Trump había intentado presionar a Ábrego García para que aceptara ser deportado a Costa Rica, advirtiendo que de negarse sería enviado a un país africano. Sin embargo, en 2019 un juez de inmigración estableció que el salvadoreño no podía ser devuelto a su país de origen debido a amenazas de pandillas contra su familia.
Aun así, el año pasado ICE lo incluyó por error en un grupo de migrantes venezolanos deportados. El propio Gobierno de Donald Trump reconoció la equivocación tras el escándalo público y una orden judicial que obligó su retorno en junio, momento en que también enfrentó una acusación en Tennessee por tráfico de personas, de la que se declaró inocente.
Durante el proceso, funcionarios del Gobierno indicaron en documentos judiciales que planeaban enviarlo a Uganda, Esuatini, Ghana o Liberia, aunque sin concretar ninguno de esos destinos. Sus abogados solicitaron entonces una orden de restricción temporal para evitar una nueva detención, solicitud que Xinis aprobó esta semana.
El salvadoreño fue liberado en diciembre pasado por orden de la misma jueza, quien concluyó que su detención se realizó “sin autoridad legal”, ya que no existía una orden formal de deportación vigente desde 2019. Después de su liberación, un juez de inmigración emitió una decisión a favor de su expulsión, pero esta quedó suspendida temporalmente por Xinis.
Se espera que el Ejecutivo estadounidense apele la decisión ante una instancia superior.
