La Asociación de Alcaldes expresó su rechazo al Proyecto de la Cámara (PC) 996, al considerar que restringe las facultades y responsabilidades de los municipios. La medida enmendaría el Código Municipal para aclarar que los bienes inmuebles del Departamento de la Vivienda no podrían ser declarados estorbo público ni expropiados por los ayuntamientos.
En una vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes, el asesor de la Asociación, Joel Sánchez Ayala, advirtió que la legislación “limitaría de manera indebida la facultad y responsabilidad de los municipios de atender un serio problema social, de seguridad y salubridad pública que no es aceptable”. La organización propuso establecer mecanismos de coordinación interagencial, plazos razonables y procesos claros que permitan a los municipios actuar con agilidad.
El subsecretario de la Vivienda, Omar Figueroa Vázquez, respondió que la agencia colabora actualmente con los municipios mediante fondos federales en la reconstrucción y reubicación de viviendas, transformando estructuras abandonadas en áreas recreativas o comunitarias. Defendió el PC 996 al sostener que las enmiendas buscan “proteger” propiedades que forman parte de proyectos estratégicos de vivienda, los cuales requieren procesos complejos de permisos, financiamiento y cumplimiento regulatorio.
Durante la audiencia, Figueroa Vázquez alertó al presidente de la Comisión, Luis “Junior” Pérez Ortiz, que las incautaciones municipales de propiedades de Vivienda podrían poner en riesgo fondos federales destinados a programas de recuperación tras eventos atmosféricos. “La declaración de estorbo público o la expropiación municipal de estas propiedades podría colocar al gobierno de Puerto Rico en incumplimiento con acuerdos federales”, advirtió.
Por su parte, Gerardo Rodríguez Ortiz, asesor legal del Departamento de Justicia, también favoreció la medida y recomendó enmendarla para excluir expresamente las propiedades de Vivienda de cualquier declaración de estorbo público. Añadió que los municipios deberían notificar a Vivienda sobre el estatus de la propiedad y cualquier riesgo de seguridad o salubridad, con el fin de lograr un balance entre la autoridad municipal y la protección de bienes bajo planes federales.
Pérez Ortiz solicitó que Vivienda entregue información sobre las propiedades reubicadas mediante fondos federales y enfatizó que el proyecto busca uniformar los procesos. “No se le está quitando ningún derecho a los municipios. El propósito es evitar que se afecten los fondos de recuperación y otros fondos federales”, subrayó.
El Proyecto de la Cámara 996 fue radicado por Pérez Ortiz en diciembre de 2025.
