El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, adelantó que radicará la próxima semana un proyecto de ley que pretende aclarar el marco legal para que LUMA Energy pueda subcontratar a los municipios en labores de reparación y reemplazo de alumbrado público. Según explicó, este tipo de colaboración existía con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero no se ha retomado desde que el operador privado asumió la gestión del sistema eléctrico.
La iniciativa legislativa reflejará el análisis preparado por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), que concluyó recientemente que no existen impedimentos para que los ayuntamientos realicen estos trabajos. Incluso, los municipios serían elegibles para recibir reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que ha destinado cerca de $1,200 millones para proyectos de reconstrucción tras el huracán María.
“Ya la legislación está preparada. Queríamos tener este foro, escuchar a los alcaldes y trabajar el proyecto de forma expedita”, indicó Méndez tras encabezar una reunión en el Capitolio junto a 37 alcaldes y cuatro comisionados del NEPR. Aseguró que no anticipa mayores obstáculos ni en el Senado ni del Ejecutivo, encabezado por la gobernadora Jenniffer González.
El presidente del NEPR, Edison Avilés, señaló que antes de aplicarse la medida, el negociado deberá aprobar un reglamento uniforme que detalle las condiciones de colaboración entre LUMA y los municipios. “Con los comentarios de los municipios y la respuesta de LUMA, podemos hacer un borrador de contrato que viabilice la participación. Es una cuestión de meses”, comentó Avilés, quien fijó el 6 de marzo como fecha límite para someter observaciones.
Avilés añadió que aunque FEMA separó $1,185 millones para reemplazo y reparación de luminarias en los 78 municipios, el plan consolidado de proyectos federales de la AEE, en 2025, dejó inactivos los fondos de 35 pueblos. El NEPR ordenó recientemente reactivar esas iniciativas, valoradas en unos $527 millones.
Durante el foro, varios alcaldes expresaron preocupaciones sobre la seguridad de los trabajadores municipales y la posibilidad de enfrentar reclamaciones por daños. “Tenemos poco dinero y, si nos van a demandar, la parte eléctrica es peligrosa”, sostuvo Jorge Pérez Heredia, alcalde de Utuado, preocupación que compartió el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz.
El alcalde de San Germán, Virgilio Olivera, reclamó mayor transparencia sobre los planes de LUMA y subrayó que las municipalidades tienen experiencia en el manejo de fondos federales. Ortiz, por su parte, sostuvo que los municipios deben encargarse de las subastas de alumbrado público y que el reglamento debe establecer plazos claros para la respuesta de LUMA.
El análisis legal del abogado Javier Rodríguez Galarza aclaró que los municipios, al colaborar, deberán cumplir los mismos estándares técnicos y regulatorios que cualquier contratista subcontratado por LUMA, y no podrán contratar directamente a terceros. En proyectos con fondos federales, LUMA continuaría como subrecipiente ante la AEE, mientras los municipios actuarían como ejecutores.
Avilés enfatizó que la participación municipal no conllevará beneficios adicionales y que las responsabilidades serán equiparables a las del operador privado. Entretanto, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón, advirtió que, aunque la medida puede ser positiva, el propio estudio del NEPR alertó sobre posibles problemas contractuales y recordó que falta conocer la postura de la Junta de Supervisión Fiscal.
“Con mucha responsabilidad voy a revisar la propuesta. He sido cuidadoso con otorgar facultades energéticas a los municipios. No hay 78 sistemas eléctricos”, subrayó Márquez Lebrón.
