La Haya, Países Bajos- En las últimas semanas, misiles y aviones no tripulados rusos han bombardeado la red eléctrica de Ucrania, dejando a la población sumida en una oscuridad glacial durante uno de los inviernos más fríos registrados en el país.
Ucrania acusa a Rusia de atacar ilegalmente las infraestructuras eléctricas como parte de la guerra, con el objetivo de privar a los civiles de luz, calefacción y agua corriente. “Aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que la diplomacia”, declaró el martes el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en vísperas de una nueva ronda de conversaciones para poner fin al conflicto, mientras las temperaturas en Kiev rondaban los 20 grados bajo cero.
Rusia sostiene que sus ataques forman parte legítima de su campaña militar contra su vecino. Sin embargo, la invasión de Ucrania por Moscú es considerada en general un acto ilegal de agresión.
El debate se centra en si los ataques a instalaciones energéticas están permitidos durante la guerra. Según el derecho internacional, los combatientes pueden atacar una red eléctrica si el ataque “afecta directamente a un objetivo militar válido”, pero no pueden causar un número excesivo de víctimas civiles, explicó David Crane, ex fiscal jefe del Tribunal Especial de las Naciones Unidas para Sierra Leona. En referencia a los ataques rusos, afirmó que “los ataques indiscriminados y generalizados no se acercan a lo que es legal”.
El Comité Internacional de la Cruz Roja sostiene que las partes de los sistemas energéticos que prestan servicios esenciales a la población civil son bienes de carácter civil y, como tales, están protegidos contra ataques directos, represalias y daños incidentales.
En 2024, los jueces de instrucción de la Corte Penal Internacional dictaron órdenes de detención contra altos mandos militares rusos y el exministro de Defensa por su presunta implicación en ataques con misiles contra infraestructuras eléctricas. Entre ellos figuran el exministro de Defensa Sergei Shoigu y el jefe militar de Rusia, el general Valery Gerasimov. El tribunal indicó que existían “motivos razonables para creer” que los ataques estaban dirigidos contra objetivos civiles o que los daños a civiles habrían sido claramente excesivos frente a la ventaja militar prevista.
Rusia no es miembro de la Corte Penal Internacional, rechaza su jurisdicción y se niega a extraditar a sospechosos para que comparezcan ante los tribunales de la CPI en La Haya.
El ejército ruso asegura que ha atacado instalaciones energéticas y otras infraestructuras que apoyan a las industrias militares y a las fuerzas armadas ucranianas, y niega haber atacado zonas residenciales. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que “nuestros militares están atacando los objetivos que creen asociados al complejo militar del régimen de Kiev, la operación continúa”.
Desde Kiev, las autoridades sostienen que Moscú busca debilitar la resistencia ucraniana imponiendo penurias a la población civil, obligada a vivir en hogares oscuros y helados. Afirman que Rusia ha intentado paralizar la red eléctrica atacando subestaciones, transformadores, turbinas y generadores. La mayor compañía eléctrica privada del país, DTEK, informó que el ataque nocturno de esta semana fue el noveno asalto importante contra sus centrales térmicas desde octubre.
