Ciudad del Vaticano — La fase de apelaciones del llamado “juicio del siglo” del Vaticano se reanudó esta semana luego de dos reveses significativos para los fiscales del papa, con posibles consecuencias determinantes para el resultado del caso.
El proceso involucra al otrora poderoso cardenal Angelo Becciu y a otros ocho acusados, condenados en 2023 por varios delitos financieros tras un juicio que se extendió por dos años. Sin embargo, el alto Tribunal de Casación del Vaticano confirmó recientemente la decisión de un tribunal inferior de desestimar por completo la apelación presentada por la Fiscalía. Esa determinación abre la puerta a que los acusados solo puedan aspirar a una reducción o anulación de sus sentencias.
El mismo día del fallo, el fiscal jefe del Vaticano, Alessandro Diddi, se apartó abruptamente del caso tras meses de objeciones, evitando así la posibilidad de que el propio tribunal de Casación ordenara su destitución. Su recusación estuvo vinculada a la revelación de una serie de chats de WhatsApp que han puesto en entredicho la credibilidad del proceso. Los mensajes sugieren un esfuerzo coordinado durante años para apuntar contra Becciu y plantean dudas sobre la actuación de la policía del Vaticano, los fiscales y el papa Francisco.
Abogados defensores sostuvieron que esos intercambios demostraban la falta de imparcialidad de Diddi en el manejo de pruebas y testigos. Aunque el fiscal calificó esas acusaciones como “infundadas”, decidió recusarse para evitar que, según dijo, se perjudicara el esclarecimiento de la verdad y la afirmación de la justicia. El tribunal de apelaciones determinó finalmente que las actuaciones de Diddi como fiscal fueron válidas, aun cuando luego se apartara del caso.
El juicio original comenzó en 2021 y se centró en la inversión del Vaticano de 350 millones de euros (413 millones de dólares) en una propiedad en Londres. La Fiscalía alegó que intermediarios y monseñores estafaron a la Santa Sede mediante honorarios y comisiones excesivas, y que luego exigieron 15 millones de euros (16.5 millones de dólares) para ceder el control del inmueble.
Becciu fue condenado por malversación y sentenciado a cinco años y medio de prisión. Los otros ocho acusados recibieron condenas por malversación, abuso de poder y fraude, aunque fueron absueltos de múltiples cargos. Todos apelaron, al igual que los fiscales, luego de que el tribunal rechazara la teoría de una gran conspiración.
Otro eje de las apelaciones gira en torno al papel del papa Francisco, quien firmó cuatro decretos ejecutivos secretos entre 2019 y 2020 que otorgaron a la Fiscalía amplios poderes de investigación, incluyendo escuchas telefónicas sin supervisión judicial. Los decretos nunca se publicaron oficialmente y fueron aprobados únicamente para esta investigación, lo que, según académicos legales, podría vulnerar el derecho a un juicio justo.
El Vaticano ha insistido en que todos los acusados recibieron un juicio justo.
