La polémica comenzó cuando un video viral acusó falsamente a guarderías manejadas por somalíes en Minneapolis de cometer fraudes con subsidios federales. Desde entonces, cuidadores en distintas ciudades de Estados Unidos, como San Diego y Minneapolis, reportan sentirse vigilados y acosados por influencers y periodistas de derecha.
Samsam Khalif, trabajadora de cuidado infantil en San Diego, contó que dos hombres con cámara la siguieron y esperaron frente a su casa. “Tengo miedo. No sé cuál es su intención”, dijo tras instalar cámaras de seguridad adicionales.
En Minneapolis y otras localidades, los cuidadores afirman enfrentar hostilidad y episodios de acoso que los obligan a reforzar medidas de seguridad. Una proveedora relató que alguien defecó frente a la entrada de su centro y un automovilista gritó que era una “guardería falsa”.
Todo se originó con un video del influencer conservador Nick Shirley, quien acusó a miembros de la comunidad somalí de operar guarderías falsas para defraudar fondos federales. Aunque las autoridades revisaron los reclamos y los desmintieron, la administración de Donald Trump intentó congelar la financiación a varios estados demócratas, entre ellos Minnesota, hasta que un tribunal ordenó liberar los fondos.
El presidente Trump ha usado una retórica agresiva contra inmigrantes somalíes, calificándolos de “basura” y “bajo coeficiente intelectual”, e incluso sugirió deportar a la representante Ilhan Omar. Sus declaraciones se intensificaron luego del video de Shirley.
En ciudades como Federal Way (Washington) y Columbus (Ohio), influencers y periodistas conservadores comenzaron a visitar las direcciones de guarderías somalíes sin previo aviso. En Ohio, tras un video que insinuaba fraude, se comprobó que la guardería era legítima, pero su buzón de voz fue hackeado con insultos racistas.
La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, condenó el acoso a los proveedores de cuidado infantil, mientras que Harmeet Dhillon, jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, respondió que el “periodismo ciudadano” está protegido por la Constitución. En Ohio, el gobernador Mike DeWine desmintió las acusaciones y defendió el derecho de las guarderías a no permitir el ingreso de desconocidos.
Pese a esos desmentidos, legisladores republicanos propusieron leyes para reforzar la supervisión de los centros, incluyendo la transmisión en directo de sus aulas. Defensores de la infancia, como Ruth Friedman, sostienen que las acusaciones de fraude desvían la atención de problemas reales, como la escasez de fondos y las largas listas de espera en los programas de subsidio. Friedman acusó a Trump y a los republicanos de fabricar una crisis para obtener rédito político.
El portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Andrew Nixon, rechazó que las preocupaciones de fraude sean fabricadas, y exhortó al público a denunciar cualquier irregularidad al gobierno.
