RÍO GRANDE – La Policía de Puerto Rico confirmó que mantiene sin cambios los protocolos para intervenir con inmigrantes, incluso ante el aumento de redadas migratorias realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas directrices se originaron durante la reforma policial, implementada tras denuncias de abusos y violaciones de derechos civiles.
Hasta ahora, ningún cuerpo de seguridad en Puerto Rico ha firmado acuerdos bajo el programa 287(g) del ICE, que autoriza a policías estatales o locales a ejercer funciones migratorias bajo supervisión federal. Según la propia agencia, al 26 de enero existían 1,372 acuerdos activos en Estados Unidos, principalmente en Texas y Florida.
“El trabajo que ahora hace ICE lo hacía la Policía de Puerto Rico, porque la Reforma surgió por un caso de abuso contra la comunidad dominicana”, recordó Carlos Pérez Fernández, médico y exvicecónsul dominicano en la isla, durante un conversatorio del Comité de Interacción Ciudadana de la región de Fajardo. El encuentro, celebrado en el centro comunal Los Árboles en Río Grande, reunió a oficiales y residentes extranjeros para orientar sobre sus derechos bajo la Ley de Vehículos y Tránsito.
El sargento José Caraballo explicó que la Orden General Capítulo 600, Sección 626, regula la actuación de los policías cuando intervienen con personas extranjeras. “No se puede detener o arrestar a una persona para determinar su estatus migratorio”, citó, recordando que la norma fue firmada en 2016 por el entonces superintendente José Caldero López.
Pérez Fernández destacó que la relación entre la Policía y las agencias federales debe darse dentro del marco de la ley y denunció que en el pasado se practicaban detenciones por perfil racial. “Antes paraban a la gente si parecían dominicanos. Tuvimos que luchar mucho hasta que eso cambió”, relató.
Caraballo agregó que, de arrestarse un ciudadano de la República Dominicana, debe notificarse al consulado. En la actividad participaron el cónsul Rosendo Arsenio Borges Rodríguez y la diputada de ultramar dominicana Adelys Olivares. También asistieron representantes de comunidades cubana, venezolana y haitiana, entre ellos Teodoro Santos Canela.
“Un extranjero tiene los mismos derechos que cualquier puertorriqueño. Ningún policía puede pedirle documentos solo por tener acento ni abrir un caso sin orden judicial. Nos sentimos tranquilos”, expresó Santos Canela, residente en la isla por 33 años.
El comandante del área de Fajardo, Carlos Juan Nazario Lebrón, resaltó que este tipo de conversatorio es un requisito de la Reforma de la Policía y también incluye acercamientos con la comunidad LGBTQ+, organizaciones de fe y personas con discapacidades.
Añadió que la colaboración con agencias federales continúa en temas de seguridad, y comentó que recientemente la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a 12 migrantes indocumentados de Uzbekistán y Rusia en aguas cercanas a Vieques, un hecho que consideró poco común.
Pérez Fernández concluyó que el reclamo principal de la comunidad extranjera es el respeto a los derechos humanos y la oposición a operativos basados en perfiles raciales. “Eso era lo que pasaba antes en la Policía. Tuvimos que luchar contra el racismo institucional y social”, afirmó.
