Antonio Sagardía autoriza a Hacienda a entregar su información contributiva al Senado

Sagardía dio luz verde a Hacienda para entregar sus datos tras orden del Tribunal de Apelaciones.
La directriz surge a horas de que se venciera el término para cumplir con la orden del Tribunal de Apelaciones

El exsecretario de Justicia y contratista del gobierno, Antonio Sagardía, autorizó este martes al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, a entregar su información contributiva al Senado, en cumplimiento con la sentencia del Tribunal de Apelaciones que avaló la facultad fiscalizadora del cuerpo legislativo.

“Autoricé, desde anoche, por carta legal, la entrega de la información. Lo autoricé a base de lo que dice la sentencia del Apelativo”, confirmó Sagardía. No obstante, la autorización no incluye declaraciones informativas ni datos excluidos por el tribunal. Así lo precisó su abogado, Rodrigo Fernández, quien señaló que el permiso se limita a las cuatro categorías identificadas en la sentencia y mantiene las reservas constitucionales del contribuyente.

La acción de Sagardía ocurre luego de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, concediera a Pantoja un “plazo final e improrrogable” de 24 horas para entregar los documentos, advirtiendo que de incumplir acudiría al tribunal por desacato.

La semana pasada, un panel del Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de la jueza Iris Cancio González, del Tribunal de San Juan, que ordenó entregar los documentos. Sagardía había objetado la orden alegando violaciones al debido proceso y exceso de poder legislativo. El Ejecutivo también había mostrado resistencia, argumentando que la divulgación de los datos podría afectar derechos de terceros y exponer información confidencial.

Sin embargo, la jueza Cancio González concluyó que el Senado actuaba dentro de su autoridad constitucional y que la solicitud se limitaba a conocer si Sagardía había emitido formularios W-2 o 480 y, de ser así, identificar a nombre de quién se expidieron.

El Senado investiga denuncias de que Sagardía pudo haber subcontratado a terceros para realizar los servicios pactados con el gobierno. La Legislatura busca determinar si esas transacciones están reflejadas en su información contributiva y si fueron permitidas bajo los términos de su contrato.

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