Caracas – Las autoridades venezolanas analizan la posibilidad de conceder “medidas de gracia” o indultos presidenciales a personas que quedaron fuera de la Ley de Amnistía, aprobada recientemente. Este instrumento beneficia solo a ciertos detenidos, lo que ha provocado reclamos de organizaciones no gubernamentales (ONG) y familiares que piden extender las liberaciones a todos los presos políticos.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que “muchas” de las personas excluidas están siendo consideradas para recibir beneficios presidenciales. Explicó que tras la promulgación de la ley esta semana, se abrió “un espacio” para que instancias como el Programa para la Convivencia y Paz, impulsado por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, y la comisión para la revolución judicial evalúen casos y recomienden medidas para quienes quedaron fuera de la legislación.
La amnistía contempla el período entre 1999 y 2026, aunque solo incluye 13 episodios políticos a partir de 2002. Esto deja fuera arrestos vinculados a al menos 15 de los últimos 27 años, así como a casos relacionados con operaciones militares.
Rodríguez aseguró que este sábado se estaban produciendo “cientos de liberaciones” sin precisar cifras ni nombres. Indicó que los primeros beneficiarios son detenidos en el calabozo policial Zona 7 y en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.
La comisión parlamentaria a cargo del cumplimiento de la ley se declaró en sesión permanente y ha recibido 1,557 solicitudes de amnistía, que —según Rodríguez— “se están atendiendo de inmediato”. También se prevé procesar peticiones para que más de 11,000 personas con medidas cautelares recuperen la libertad plena.
Mientras tanto, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) exigió que la amnistía se aplique “sin discriminación ni exclusión”. Aunque reconoció avances parciales, la organización considera que la ley solo será efectiva si se desmonta “el sistema represivo” y se crean condiciones seguras para el regreso de los exiliados.
Familiares de presos políticos mantienen vigilias en las afueras de varias cárceles desde el 8 de enero, cuando comenzó el proceso de excarcelaciones. En tanto, Foro Penal calculó que al menos 400 detenidos podrían quedar fuera de la amnistía y anunció la entrega de una lista con 232 casos a la comisión del Parlamento.
De acuerdo con los registros de esta organización, en Venezuela permanecen más de 600 presos políticos, pese a la liberación de 448 personas desde el inicio del proceso. El Gobierno sostiene, sin embargo, que en el país no existen prisioneros políticos, sino personas culpables de delitos comunes.
