Minneapolis — La administración de Donald Trump solicitó a una juez federal que desestime los esfuerzos del estado de Minnesota y de sus principales ciudades para detener el incremento en la aplicación de las leyes migratorias que ha generado tensión en Minneapolis y St. Paul.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos describió la demanda presentada por Minnesota como “frívola desde el punto de vista jurídico”. Los abogados del gobierno argumentaron que el Departamento de Seguridad Nacional actúa dentro de su autoridad legal al implementar las redadas.
Según el gobierno, la operación “Metro Surge” ha contribuido a la seguridad del estado tras la detención de más de 3,000 personas en situación migratoria irregular. En una presentación judicial, los abogados federales señalaron que “Minnesota quiere tener derecho de veto sobre la aplicación de la ley federal”.
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, acusó al gobierno de violar la libertad de expresión y otros derechos constitucionales a través de redadas “sin precedentes”. Además, cuestionó la preparación de los agentes involucrados y exigió el fin de lo que calificó como una “invasión”. La demanda interpuesta el 12 de enero busca que la juez de distrito Katherine Menendez imponga límites o detenga las medidas de ejecución.
El conflicto se intensificó tras la muerte de Renee Good, de 37 años, ocurrida el 7 de enero durante un operativo migratorio en Minneapolis. Según la administración Trump, el agente Jonathan Ross actuó en defensa propia, aunque grabaciones muestran que el vehículo de Good se alejaba lentamente al momento de los disparos. Su muerte desató protestas en la ciudad, donde ciudadanos han increpado a agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Los oficiales han respondido con gases lacrimógenos y otras sustancias químicas, según videos difundidos en redes sociales.
Ilan Wurman, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Minnesota, opinó que los argumentos del estado probablemente no prosperarán. “No hay duda de que la ley federal es suprema sobre la ley estatal, y la aplicación de la ley de inmigración está dentro del poder del gobierno federal”, afirmó.
En otro fallo reciente, la juez Menéndez determinó que los agentes federales no pueden detener ni usar gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos que no interfieran con las autoridades.
El caso ha agudizado el clima de tensión entre la Casa Blanca y los gobiernos estatales que intentan limitar las redadas migratorias bajo la actual política federal.
