Washington — El presidente Donald Trump firmó el martes una orden ejecutiva para establecer una lista nacional de votantes elegibles y restringir el voto por correo, una medida que provocó de inmediato amenazas de acciones legales por parte de funcionarios estatales demócratas. La decisión busca imponer más limitaciones al voto antes de las elecciones de mitad de período.
De acuerdo con el documento, el Departamento de Seguridad Nacional, junto con la Administración del Seguro Social, deberá elaborar una lista de votantes verificados por estado. Además, se prohíbe al Servicio Postal de Estados Unidos enviar papeletas de voto en ausencia a personas no incluidas en esa lista, aunque expertos legales sostienen que el presidente no tiene autoridad para ordenar al USPS cómo operar.
Trump también indicó que las papeletas deberían incluir sobres con códigos de barras únicos para rastrear su envío y recepción. “Las trampas en el voto por correo son legendarias. Es horrible lo que está pasando. Creo que esto ayudará mucho en las elecciones”, afirmó el mandatario al firmar la orden.
Funcionarios de Oregón y Arizona, donde el voto por correo es ampliamente utilizado, respondieron con dureza. El secretario de Estado de Oregón, Tobias Read, declaró: “No necesitamos decretos de Washington. Mi mensaje al Presidente: Nos veremos en los tribunales”. Su homólogo de Arizona, Adrian Fontes, añadió que el sistema de voto por correo, creado por republicanos, ha demostrado ser seguro durante décadas. “Donald Trump está intentando elegir su lista deseada de votantes con la ayuda de la Administración del Seguro Social. No lo permitiremos”, dijo.
Juristas en materia electoral señalaron que la orden podría violar la Constitución al intentar arrebatar a los estados su autoridad sobre los comicios. “La Constitución es muy clara: el presidente no tiene poder sobre las elecciones en los estados”, sostuvo David Becker, ex abogado del Departamento de Justicia y director del Centro de Innovación e Investigación Electoral.
El ordenamiento se suma a los intentos previos del mandatario de modificar las normas electorales y reforzar sus alegaciones de fraude, pese a que múltiples auditorías y tribunales han desmentido tales acusaciones. Marc Elias, abogado especializado en derechos de voto, anunció que demandará al gobierno: “Si Trump firma una orden inconstitucional para hacerse cargo de la votación, presentaremos una demanda. No voy de farol y suelo ganar”.
Las autoridades electorales recordaron que las elecciones en Estados Unidos son descentralizadas y administradas localmente, no por la Casa Blanca. La llamada Cláusula Electoral otorga al Congreso cierto poder regulatorio, pero no menciona autoridad presidencial sobre la materia.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia ha solicitado listados de votantes a los estados bajo el argumento de proteger la seguridad electoral, lo que ha generado choques legales. Un informe de la Brookings Institution en 2025 halló que los casos de fraude en el voto por correo representaron apenas el 0.000043% de los sufragios emitidos. Pese a ello, Trump sigue calificando este método como propenso al fraude generalizado, aunque él mismo lo utilizó recientemente en los comicios locales de Florida.
